Desde el año 2022 hasta la fecha, un total de 20 demandas han sido presentadas por ex concejales de Yacuiba en relación al pago del bono frontera. Las demandas, iniciadas a partir del mes de julio, involucran tanto a concejales de la gestión actual como de la anterior, quienes buscan el reconocimiento y pago de beneficios pendientes. La concejal Janeth Díaz informó sobre la situación y las medidas que se están tomando.
La edil Díaz señaló que actualmente no se dispone de recursos económicos en el concejo municipal y la Alcaldía para atender estas demandas. Sin embargo, aseguró que se analizará la situación junto a un equipo de abogados con el fin de encontrar una solución viable.
Entre los demandantes, se encuentran 4 concejales de la gestión 2023 y 16 ex concejales de la administración anterior. Sus demandas incluyen el pago por concepto de bono frontera y vacaciones. Algunos de los montos exigidos por los ex concejales son los siguientes:
- Ana María Soria Peña: 192.689 bolivianos.
- Erlinda Urzaste Ortíz: 68.989 bolivianos por subsidio de frontera y vacaciones.
- Andrés Aguirre F.: 188.100 bolivianos.
- Freddy Nuñez B.: 189.375 bolivianos.
- Ramiro Coya Soliz: 214.945 bolivianos.
- Richard Coca: 186.958 bolivianos.
- Lilian Gabriela Lozano: 218.683 bolivianos.
- Wilson Villegas Chambi: 214.945 bolivianos.
- Patricia Callizaya Cejas: 261.837 bolivianos.
- Maribel Molina Sánchez: 133.526 bolivianos.
- Adriana Flores: 214.945 bolivianos.
- Luis Marca: 188.404 bolivianos.
- Hilda Cardona (madre de ex concejal): 183.565 bolivianos.
- Jackeline Rocabado: 283.124 bolivianos.
- Ana María Zurita: 24.877 bolivianos.
- Jorge Luis Barrenechea: 189.807 bolivianos.
- Ana Urzagaste: 364.850 bolivianos.
- Angelica Villagómez Díaz: 211.391 bolivianos.
- Agapito García Vela: 205.301 bolivianos.
- Sandra Orellana (exalcaldesa): 189.775 bolivianos.
La suma total de los montos demandados por los ex concejales alcanza a una cifra de más de 3 millones de bolivianos. El proceso legal en torno a estas demandas ha sido iniciado, y se espera que las partes involucradas puedan llegar a una resolución en base a las normativas y consideraciones legales pertinentes.
Tomado de El País
Mira también
