AHORADIGITAL.- El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Erick Montaño, informó que la institución atraviesa una situación económica delicada debido a procesos judiciales que podrían comprometer gran parte de las regalías recientemente recibidas y, según detalló, el departamento percibió alrededor de 21,8 millones de bolivianos correspondientes al mes de octubre, pero existen sentencias con amenaza de débito que pondrían en riesgo esos recursos.
“Tenemos varios procesos judiciales que están en curso y con amenaza de débito. Si se efectúan las sentencias, todas las regalías se van a ir a eso”, señaló Montaño explicando que los procesos judiciales suman cerca de 20 millones de bolivianos, lo que significaría la pérdida casi total de los ingresos de este mes y pondría en riesgo el cierre financiero de la gestión.
La autoridad indicó que se reunirá con el gobernador Óscar Montes para definir una nueva programación presupuestaria, ya que la que estaba prevista para difundirse la próxima semana quedó en pausa. Esta reestructuración buscará priorizar el cumplimiento de las obligaciones más urgentes, aunque los márgenes son estrechos debido al contexto económico y la cercanía del cierre fiscal.
Montaño explicó que, de mantenerse los débitos judiciales, la Gobernación entraría en un déficit de al menos 30 millones de bolivianos indicando que tal situación afectaría directamente el pago de salarios y la ejecución de programas sociales: “Para cerrar la gestión necesitamos alrededor de casi 70 millones, y con lo que tenemos proyectado recibir hasta diciembre apenas llegaríamos a 40 millones”.
Entre las iniciativas comprometidas están las canastas alimentarias para adultos mayores y personas con discapacidad, que requieren cerca de 18 millones de bolivianos para completarse antes de fin de año. Además, se verían afectados los gastos de funcionamiento de las direcciones administrativas y las compras menores que sustentan la operatividad institucional.
Finalmente, Montaño señaló que el área legal de la Gobernación analiza si aún existen recursos para frenar los cobros judiciales, aunque reconoció que ya se habrían agotado los pasos legales y aclaró que en los próximos días se tomará una decisión definitiva sobre cómo proceder, en un contexto financiero que calificó como “crítico y de alto riesgo para el cierre de la gestión”.
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