La cantante colombiana Shakira negó este jueves que defraudara 6,6 millones de euros a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia desde Miami (Estados Unidos) ante un juez en España que investiga su segunda causa abierta por delito fiscal en el país.
Según avanzó el diario El País y confirmaron a EFE fuentes jurídicas, la artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018, por lo que le reclama 6,6 millones de euros, que Shakira ya depositó hace meses.
La cantante colombiana aceptó el pasado noviembre el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de España que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la Justicia española por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.
Cuando todavía no se había celebrado el juicio por esa primera causa, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una segunda querella por un nuevo supuesto fraude a la Hacienda pública.
La cantante entregó el pasado agosto en un juzgado de la provincia española de Barcelona la suma supuestamente defraudada, lo que le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero supuestamente evadido.
Ese atenuante fue lo que propició el pacto con la Fiscalía y las acusaciones particulares para evitar la cárcel, a cambio de una multa millonaria, en su primer juicio.
En concreto, la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó 5,3 millones de euros por los ingresos de su gira de 2018 «El Dorado» y la cesión de derechos intelectuales y otros 773.600 euros por los doce millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para ello, según la Fiscalía, se sirvió de un entramado societario y presentó declaraciones de impuestos en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar.
Según la denuncia, Shakira cobró parte de la cesión de derechos musicales a través de una sociedad en Luxemburgo con la que firmó «contratos simulados» y que «era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales» sin actividad alguna.
También refiere que utilizó otra sociedad instrumental en España para «contabilizar los ingresos y los gastos» de su gira pese a que carecía igualmente de actividad real.
La denuncia menciona otras 17 sociedades «instrumentales» en Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein.
La cantante anunció a finales de 2022 que al año siguiente se trasladaría de Barcelona a Miami tras acabar su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.
Agencias
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