Las recientes denuncias contra Meta y Snapchat han reavivado el debate sobre la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas en la colaboración con las autoridades para investigar delitos graves.
Según una revisión de casos por parte de The Guardian, ambas compañías han retrasado o negado la entrega de información clave en casos de abuso infantil y tráfico de drogas, lo que tuvo consecuencias fatales, como la muerte de Max Osterman, un joven de 18 años de Colorado que falleció tras consumir pastillas adulteradas adquiridas a través de Snapchat.
El caso de Osterman refleja los riesgos de la falta de cooperación. En febrero de 2021, Max murió por sobredosis de fentanilo después de contactar a un traficante en la plataforma. La policía solicitó varias veces información sobre la cuenta del vendedor, pero la respuesta de Snap Inc. tardó más de dos meses y, cuando llegó, la empresa se negó a colaborar por un detalle gramatical en la orden judicial.
Eventualmente, Snap brindó algunos datos, pero no entregó el contenido de la cuenta de Max. “Snapchat nunca dio esta evidencia crítica, nunca tomó medidas, nunca detuvo al traficante”, declaró Kim Osterman, madre de la víctima, al medio británico.
La investigación documenta al menos cuatro casos en los que Snap Inc. y Meta, matriz de Facebook e Instagram, demoraron o rechazaron cumplir con órdenes judiciales sobre delitos graves cometidos en sus plataformas. Ocho agentes de fuerzas de seguridad de Estados Unidos describieron un patrón de retrasos y negativas que obstaculizan investigaciones sobre muertes por drogas y explotación sexual infantil.
Un oficial de la fuerza especial Internet Crimes Against Children (ICAC) explicó: “Si hubiéramos tenido la información a tiempo, habríamos arrestado al sospechoso. En cambio, cuando llegamos, ya se había mudado”.
El impacto de estos retrasos es generalizado. En junio, un tribunal de Boston condenó a un delincuente sexual que contactó a su víctima por Facebook, pero los investigadores afirmaron que la resolución del caso se dificultó porque Meta no cumplió plenamente con las citaciones urgentes. Un comandante de ICAC detalló que pueden pasar semanas desde que envían una orden de registro hasta recibir respuesta, periodo en el que a menudo se producen nuevos abusos.
Las empresas tecnológicas han defendido sus procedimientos. Un portavoz de Snap Inc. dijo: “Nuestra colaboración con las autoridades es fundamental para llevar a los criminales ante la justicia. Snap respondió a múltiples solicitudes legales, por lo que sugerir lo contrario es simplemente inexacto”.
Por su parte, Meta afirmó: “El año pasado, recibimos más de 9.000 solicitudes de emergencia de autoridades estadounidenses y las resolvimos en un promedio de 67 minutos […] Para proteger la privacidad de los usuarios, es importante seguir los procesos legales adecuados”. La compañía añadió que proporcionó datos en el 88% de las casi 75.000 solicitudes recibidas entre julio y diciembre del año pasado.
Sin embargo, policías insisten en que tecnicismos y lentitud de las plataformas dificultan la labor. Según los agentes consultados por el medio, las negativas a colaborar suelen basarse en factores menores, como errores de puntuación en las órdenes judiciales. “Parece que juegan a juegos legales. Hemos tenido objeciones por detalles administrativos que retrasan los casos”, relató un oficial de ICAC.
El marco legal de Estados Unidos contribuye al problema. La Cuarta Enmienda exige orden judicial para acceder a comunicaciones privadas, y la Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de 1986, junto con su disposición Stored Communications Act, regula el almacenamiento y divulgación de datos. Críticos consideran que estas leyes son obsoletas y ambiguas, lo que permite a las tecnológicas rechazar solicitudes de información. “Buscan razones para no dar información. Su prioridad no es compartir datos, sino protegerse de cualquier responsabilidad”, según un excomandante de ICAC.
Intentos de reformar la legislación han encontrado obstáculos. En mayo, el gobernador de Colorado vetó un proyecto de ley sobre seguridad infantil en línea que habría obligado a las redes sociales a responder a solicitudes policiales en 72 horas. Brian Mason, fiscal de Adams y Broomfield, aseguró que las compañías “regularmente” no responden a los documentos legales y que las órdenes judiciales suelen desaparecer en “un agujero negro”.
Organizaciones como el International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) han pedido reglas más claras y una mayor colaboración entre autoridades y líderes tecnológicos. Shawnna Hoffman, directora ejecutiva de ICMEC, advirtió que la lentitud en la entrega de información puede agravar el daño y poner vidas en peligro. Por ello, urge a acelerar los procesos e implementar nuevas regulaciones que obliguen a las plataformas a actuar con mayor urgencia.
Fuente: Infobae
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