El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó este martes (14.07.2026) luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados.
Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada «ranfla histórica», la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la «guerra» antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.
El proceso inició el 20 de abril en un tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los procesados, incluidos unos 220 cabecillas en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Voluminoso expediente
El tribunal antes de emitir un fallo escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía.
La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.
Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Fiscalía solicitó la pena máxima para cada imputado
Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta X que la Fiscalía «solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados». Además de solicitar, en concepto de responsabilidad civil el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.
Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.
El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que «con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario».
«No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar», agregó el representante de la Fiscalía.
Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la «guerra» contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.
Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.
Fuente: DW
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