El proyecto de ley del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, en discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llama poderosamente la atención por la precisión con la que se detalla el tráfico del oro, y que establece que la mitad del oro es de contrabando proveniente de Perú, afirmó el analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.
“Me llama mucho la atención el argumento que se ha planteado en el proyecto de ley, de indicar que la mitad del oro registrado y producido en Bolivia en realidad es oro de contrabando que llega del Perú, que se lo anota en Bolivia, por las condiciones más favorables que tenemos en el tema impositivo y regalitario”, afirmó a Brújula Digital.
En entrevista con este medio, el especialista en temas mineros observó también que el proyecto de norma –promovido por el propio Presidente del Banco Central de Bolivia- respalde su justificativo indicando que son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando al revisar la información de esta entidad no se halla la información que reflejan los proyectistas.
“A mí me parece muy difícil de precisar cuál es la cantidad de oro que ingresa o que sale clandestinamente del país; particularmente en un año como el 2020, que por la situación de pandemia las fronteras estaban cerradas, no había circulación fácil de un lado a otro, todavía cuando las fronteras están abiertas la circulación es normal, se puede pensar que hay contrabando”, subrayó.
El cuanto a la comercialización de oro, el proyecto de ley señala que en el mercado nacional, se detectó un fenómeno de internación ilegal de oro proveniente del Perú que se destina a la exportación por vías formales de Bolivia.
“Según datos del INE en la gestión 2020 la oferta de oro metálico estuvo compuesta por productores nacional recurrentes con 11,3 toneladas fin as de oro metálico, las importaciones totales fueron de 11,4 toneladas finas de oro metálico de las cuales sólo 0,1 toneladas finas fueron importaciones oficiales quedando un remanente de 11,3 toneladas finas de oro metálico subregistrado en importaciones no recurrentes”, señala textual el proyecto de ley.
“Me ha llamado poderosamente la atención que hayan ingresado 11 toneladas de oro al país y hayan sido registradas como nuestras para luego ser re-exportadas de manera legal, y que el año anterior, el 2019, hayamos registrado 42 toneladas de oro como producción boliviana y de ahí el Ministro de Minería pocos días antes indicó que había un contrabando de oro boliviano hacia países vecinos”, mencionó el analista.
Apuntó que el titular de Minería incluso se animó a cuantificar el monto y dijo que un monto similar es el que sale como contrabando; es decir, 40 toneladas de oro que salen de Bolivia hacia el extranjero. “Me llama mucho el justificativo de este proyecto de ley que afirma con toda seguridad que la mitad de la producción de oro es local, y la otra mitad es de contrabando”, expresó.
Córdova dijo que los proyectistas deberían demostrar que en registros del INE se muestra la relación del contrabando del oro.
“Tengo los registros de las exportaciones del año pasado y no percibido lo que perciben los proyectistas (…). Una cosa es lo oro metálico y otra el oro mineral, el oro sale todo como metálico por lo que puede haber algunas confusiones; por ejemplo para el año 2020 como mineral de oro había 5,2 toneladas, sin embargo como oro metálico habían de cantidades enormes”, explicó.
El especialista se remontó al 2014 cuando se presentó una denuncia de autoridades peruanas, que retuvieron 35 toneladas de oro en el aeropuerto de Lima que pretendía exportar Bolivia, bajo el argumento de que el oro salió de territorio peruano fue registrado en Bolivia para volver a ingresar a Perú y salir como legal.
“En esa reunión el personal boliviano desmintió a rajatabla que ese oro era peruano, presentó pruebas para demostrar que era oro boliviano, hay mucha tela que cortar en este tema”, observó.
Los proyectistas señalan que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron $us 811 millones al 11 de mayo de 2021, cifra que se explica por una balanza comercial deficitaria resultante del incremento de las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios que realizan las empresas públicas y privadas para la transformación en bienes de consumo para el mercado interno y la exportación.
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