El Concejo Municipal de Sucre aprobó este miércoles, por unanimidad, la Ley Municipal Autonómica de Protección del Abastecimiento, Continuidad de Servicios Esenciales y Libre Transitabilidad en Situaciones de Contingencia, considerada la primera normativa de este tipo en Bolivia.
Según el documento al que accedió CORREO DEL SUR, la ley surge en un contexto marcado por conflictos sociales y bloqueos, que afectaron el normal desarrollo de actividades y el acceso a servicios básicos. En su exposición de motivos, se advierte que estas medidas “causan vulneración de derechos de terceros, con afectación directa al derecho a la libre circulación (…) y al acceso irrestricto a los servicios básicos esenciales”.
El objetivo principal de la norma es “establecer mecanismos institucionales, administrativos y operativos” para garantizar la continuidad de servicios esenciales, proteger el abastecimiento de productos prioritarios —incluidos combustibles— y preservar la libre transitabilidad en el municipio.
Asimismo, la ley define como productos prioritarios a bienes de primera necesidad como “alimentos básicos, medicamentos, combustibles e insumos estratégicos”, y dispone que el Gobierno Autónomo Municipal implemente medidas de monitoreo y control para asegurar su provisión regular.
En el ámbito de los servicios esenciales, la normativa garantiza su continuidad mediante acciones preventivas y de contingencia, priorizando el acceso y circulación de ambulancias, transporte de alimentos, medicamentos y otros servicios estratégicos a través de “corredores prioritarios”.
La ley también establece que, en situaciones de conflicto, se deben preservar condiciones mínimas de movilidad urbana, “respetando los derechos de reunión y manifestación pacífica”, pero evitando la afectación a servicios esenciales y al abastecimiento.
Además, se prevé la protección de infraestructura crítica como hospitales, mercados y sistemas de abastecimiento, así como la coordinación interinstitucional con entidades como la Policía, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estado.
Finalmente, la normativa aclara que su aplicación se realizará con pleno respeto a los derechos constitucionales, buscando “armonizar” el ejercicio de la protesta con la protección del interés colectivo, la salud pública y la continuidad de los servicios básicos.
Fuente: Correo del Sur
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