La intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó a revelar las primeras irregularidades. La comisión interventora informó que detectó más de 630 accesos remotos no autorizados a los sistemas de la estatal petrolera, además de problemas en la asignación, logística y distribución de combustibles.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que una primera auditoría identificó factores de riesgo y deficiencias en diferentes procesos internos. Los accesos remotos considerados irregulares ya fueron eliminados y se restringió el ingreso a los sistemas únicamente a las áreas que necesitan utilizarlos.
Pero los problemas no terminan en los sistemas informáticos. La comisión también encontró irregularidades en las asignaciones de combustible a estaciones de servicio y grandes consumidores, además de deficiencias en los despachos y recepción de cisternas.
Según Daroca, también se detectaron problemas en procedimientos y personal. Como primera respuesta, YPFB inició ajustes, automatización de procesos que todavía se realizaban manualmente y la suspensión de varios funcionarios mientras avanzan las investigaciones. Algunos casos podrían terminar en sumarios administrativos y otros en denuncias penales.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, endureció el discurso y apuntó directamente a las estructuras que, según el Gobierno, estarían detrás de las irregularidades en la comercialización de combustibles.
“Estas mafias, estas estructuras que están alrededor de la comercialización, que nos desvían el combustible para que no lleguen a los ciudadanos, vamos a cortarla de raíz”, afirmó Zamora.
El Ministro aseguró que la intervención no es improvisada y que existe un plan para recuperar el control de la comercialización y garantizar el abastecimiento. También advirtió que cualquier persona que haya cometido delitos, dentro o fuera de YPFB, será denunciada ante la justicia.
Zamora sostuvo además que el principal problema de la estatal está actualmente en la comercialización y planteó que YPFB debe recuperar progresivamente su función principal de exploración y explotación de hidrocarburos.
Mientras la comisión continúa revisando la información económica, financiera, logística y comercial de la empresa, el Gobierno enfrenta ahora la presión de demostrar que estos primeros hallazgos permitirán explicar por qué el combustible no llega regularmente a los ciudadanos y quiénes se beneficiaron de las irregularidades detectadas.
Ahoradigital
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