En medio de la crisis de abastecimiento de carburantes, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó eliminar la subvención generalizada a los combustibles y reemplazarla por una ayuda directa a las personas que utilizan el transporte público.
La propuesta supone un cambio radical en el actual esquema: en lugar de mantener artificialmente bajo el precio del combustible, Velasco plantea que el Estado entregue un bono a quienes realmente necesiten compensación durante la transición.
El gobernador propuso además que YPFB deje de importar y comercializar combustibles subsidiados y que se permita la participación de operadores privados en la importación, comercialización y distribución de carburantes a precio real.
Según su planteamiento, con un precio actualizado del barril de petróleo el litro de combustible podría llegar a Bs 16,50.
“Hay que terminar con la subvención generalizada. La ayuda estatal debe ir a las personas que realmente la necesitan, no al combustible”, sostuvo Velasco.
Como mecanismo de transición, planteó implementar durante tres meses un bono directo de emergencia para usuarios del transporte público que requieran compensación.
Después de ese periodo, propuso utilizar un sistema tecnológico vinculado a la tercera placa y al B-Sisa para identificar electrónicamente los vehículos, registrar los kilómetros recorridos y establecer parámetros técnicos de consumo.
La intención sería que el apoyo estatal deje de beneficiar indiscriminadamente al combustible y se concentre en el transporte público que efectivamente presta el servicio.
Apertura del mercado
Velasco también planteó abrir el mercado a empresas privadas y nuevos proveedores internacionales para garantizar el abastecimiento.
En ese sentido, afirmó que la Gobernación de Santa Cruz tiene una propuesta para trabajar con empresas privadas y proveedores que actualmente no operan con el Gobierno Nacional.
“Santa Cruz está preparada”, aseguró el gobernador, al señalar que la administración departamental podría articular una solución para cubrir de manera inmediata la demanda de carburantes en el departamento.
Sin embargo, advirtió que no será posible atraer inversión privada mientras exista una competencia desigual: por un lado, operadores obligados a importar combustible a precio internacional y, por otro, carburantes vendidos artificialmente por debajo de su costo real.
Según Velasco, la combinación de precios artificialmente bajos, escasez, contrabando y mercados paralelos termina expulsando a los privados y agravando los problemas de abastecimiento.
La propuesta abre así uno de los debates económicos más sensibles para el país: eliminar la subvención generalizada, sincerar el precio de los combustibles y reemplazar el subsidio al carburante por una compensación focalizada en quienes realmente utilizan el transporte público y necesitan apoyo.
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