El Gobierno asegura haber identificado a personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que estaría presuntamente involucrado en el desvío de combustible, en medio de las intervenciones realizadas a ambas instituciones por orden del presidente Rodrigo Paz.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que las primeras revisiones permitieron detectar irregularidades tanto en los sistemas de control de la ANH como en los mecanismos utilizados por YPFB para definir el destino de las cisternas.
“Hay una relación de algún personal que está siendo identificado, tanto en Yacimientos como en la ANH, que estaba involucrado o estaría involucrado en el desvío del combustible”, afirmó Blanco a UNITEL.
Uno de los principales hallazgos se produjo en Santa Cruz, donde se detectaron 600 usuarios con acceso a las nominaciones de cisternas, es decir, al sistema que determina a quiénes y hacia dónde se envían los cargamentos de combustible.
El ministro explicó que entre esos usuarios existirían personas que ya no trabajaban en YPFB, que habían sido despedidas e incluso otras que aparentemente nunca pertenecieron a la empresa, pero que mantenían acceso al sistema para realizar nominaciones.
La situación también alcanzó al sistema B-SISA, utilizado para regular, supervisar y registrar la comercialización de combustibles. Según Blanco, durante la intervención se constató que el sistema no funcionaba en su totalidad y presentaba problemas que se arrastraban desde hace tiempo.
“En la ANH se ha encontrado que el B-SISA no trabaja en su totalidad, pese a que nos habían indicado que estaba funcionando bien”, señaló.
El Gobierno sostiene que estas vulnerabilidades habrían facilitado irregularidades en la cadena de distribución y comercialización de carburantes.
La intervención a YPFB ya había permitido detectar más de 630 accesos remotos no autorizados a los sistemas de la estatal petrolera. Esos accesos fueron eliminados y se restringió el ingreso únicamente al personal que necesita utilizar los sistemas para sus funciones. También se detectaron irregularidades en la asignación de combustible a estaciones de servicio y grandes consumidores.
Blanco anunció que las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad serán removidas y que se impulsarán acciones legales para determinar quiénes participaron en las irregularidades.
El Gobierno también informó que ya fue cambiado el gerente comercial de YPFB y que el Viceministerio de Transparencia participará en las investigaciones para establecer responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales.
El caso se produce mientras el Ejecutivo intenta recuperar el control de la cadena de comercialización de combustibles y solucionar los problemas de abastecimiento que afectan al país. La administración de Paz sostiene que parte del problema estaría relacionada con el desvío y la reventa de carburantes, mientras avanza la intervención de YPFB y la ANH.
La investigación deberá establecer ahora quiénes utilizaron los accesos irregulares, qué nominaciones realizaron y cuál fue el destino del combustible presuntamente desviado.
Ahoradigital
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