Dueños de restaurantes, bares, pequeños emprendimientos productivos, entre otros prestatarios, se sienten “engañados” con la aplicación de la Ley 1294 de diferimiento de pago de créditos, ya que, indican, esperaban contar con al menos seis meses para poder resolver su situación económica y ahora no podrán cumplir con el pago de sus cuotas a partir de junio.
“Soy el dueño de un bar, por el cual tuve que hacerme dos préstamos de banco, entiendo que mi actividad económica será una de las últimas en reactivarse luego de la cuarentena y me emocioné mucho cuando aprobaron la Ley porque pensé que tendría una oportunidad de recuperarme, pero con el anuncio de que debo volver a pagar mis cuotas en junio me siento traicionado, siento que los bancos son más importantes que los pequeños empresarios para este Gobierno”, relata Jorge, un cliente de la banca y empresario.
De acuerdo con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), conforme a lo establecido por el Decreto Supremo 4206, que reglamenta la Ley excepcional de diferimiento de pago de créditos, las cuotas de los meses de marzo, abril y mayo serán diferidas automáticamente y que los prestatarios de entidades de intermediación financiera deberán retomar el pago de sus préstamos a partir de junio.
ASFI agregó que, en los seis meses posteriores a la última cuota diferida, los prestatarios podrán negociar con los bancos las condiciones de pago de las cuotas postergadas, así como un cambio en las condiciones de pago de sus créditos.
El director de ASFI, Guillermo Romano, en una conferencia de prensa, agregó que hasta el 28 de abril, los bancos habían diferido el pago de cerca de 700 millones de dólares.
Asimismo, indicó que los prestatarios que no pudieran pagar las cuotas de junio podrían negociar con los bancos algunas condiciones.
Esta interpretación de la Ley 1294, fue duramente criticada por miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes afirman, como en su momento afirmó el Gobierno, que la norma da un periodo de 6 meses posteriores al levantamiento de las medidas de cuarentena a los prestatarios del sistema financiero para recuperarse económicamente y reanudar los pagos de sus créditos.
“Con lo que tengo solo me alcanza para vivir ahora, no hay trabajo y ya me gasté más de la mitad de mis ahorros en estos meses, solo puedo trabajar eventualmente y los pagos por los trabajos que ya había entregado están retrasados porque nadie tiene plata ¿Cómo se supone que pague las cuotas de mi crédito si no tengo dinero? ¿El banco espera que use mis ahorros para pagarle en vez de comer?, esta situación es muy injusta, yo pensé que tendría tiempo de ponerme en pie, siento que me han traicionado” relata Manuela Egüez, diseñadora gráfica freelance y propietaria de un departamento.
Por su parte, la Asociación De Ciudadanos Deudores Del Sistema Crediticio Nacional, emitió un comunicado en el que denuncian que “ la ASFI, en sus últimas disposiciones anuncia y da pie al sistema financiero a disponer sus canales de cobro de cuotas de crédito, vulnerando e interpretando a su antojo lo dispuesto en la ley.
Por lo que piden al Gobierno la revisión y reformulación de la norma “a fin de evitar interpretaciones antojadizas”, además de exigir a la ASFI que se retracte inmediatamente de las publicaciones que contradicen y vulneran la ley y la destitución de su director.
Según el analista económico Alberto Bonadona, el gobierno “engaño” a los prestatarios a presentar una ley que aliviaría los problemas derivados de la emergencia sanitaria, pero que solo postergó los efectos negativos de la misma.
“El Gobierno ha engañado a los prestatarios con la aplicación de la Ley 1294 que hace creer una cosa y después hace otra y es una miopía increíble no ubicarse en la coyuntura particular de la situación productiva, tanto en lo específico de los actores productivos como en lo general en la economía boliviana y en lo global en la crisis que estamos viviendo”.
Bonadona acotó que la respuesta del Gobierno a los problemas de los prestatarios afectados por las medidas de cuarentena es muy ortodoxa y poco empática, ya que beneficia a los bancos y no a las personas.
“La respuesta del gobierno es demasiado ortodoxa, esta sacada de un manual de pensamiento económico, no es para favorecer a los clientes sino para favorecer a los bancos y garantizarles que no corran ningún riesgo. En consecuencia, creo que es la peor política que se podría tomar y lo único que hace es posponer la deuda y la carga a gente que está en este momento una caída espantosa en sus ingresos”, agregó el analista.
Pagina Siete
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