El debate por la conversión de pequeñas propiedades a medianas escaló en Santa Cruz y encendió las alertas del sector agropecuario. Dirigentes de distintas cadenas productivas coincidieron en que eliminar la Ley 1720 no solo frenaría la inversión, sino que impactaría directamente en los niveles de producción y en la oferta de alimentos.
El pronunciamiento lo encabezó Klaus Frerking, presidente de la CAO, quien advirtió que el sector no permitirá la abrogación de la norma y, en paralelo, exigió la eliminación del Decreto 5613. “El 90% de los títulos individuales del país corresponde a pequeños productores que quieren invertir, tecnificarse y darle un futuro a sus familias”, sostuvo.
Para Frerking, frenar esta posibilidad significaría cerrar una puerta directa para que esos productores escalen y salgan de la pobreza.
El dirigente también rechazó lo que calificó como una campaña de desinformación en torno a la ley, dirigida —según dijo— a comunidades y territorios indígenas. “Esta ley no afecta a las TCO; está enfocada en el pequeño productor privado que quiere crecer”, afirmó, al tiempo que convocó a una Asamblea Extraordinaria de Emergencia del sector para definir medidas en los próximos días.
Desde la producción frutícola, Nue Morón, presidente de Asofruth, reforzó el mensaje: la Ley 1720 no solo es una herramienta productiva, sino una salida estructural a la precariedad. “Nosotros empezamos siendo pequeños y no queremos seguir en la pobreza. Esta ley es la que nos puede permitir crecer, generar empleo y garantizar alimentos”, señaló.
Advirtió, además, que una eventual derogación podría traducirse en una caída de la producción, especialmente en un contexto donde —según dijo— el acceso a crédito sigue siendo limitado.
En la misma línea, Abrahan Nogales, presidente de Anapo, enfatizó que los productores de oleaginosas y trigo requieren condiciones claras para expandirse. “Los pequeños productores necesitan financiamiento y reglas que les permitan crecer; por eso es importante mantener la ley”, indicó, cuestionando lo que considera una distorsión del debate público por razones ideológicas.
El respaldo también llegó desde el sector porcicultor. Javier Urenda, presidente de Acricer, sostuvo que la norma debe aplicarse plenamente para dinamizar la economía y superar la crisis. A la vez, pidió investigar a instituciones y ONG que —según denunció— desinforman a productores.
“Estamos en una crisis sin precedentes y necesitamos normas que impulsen la producción, no que la frenen”, afirmó, reiterando el pedido de revisar el Decreto 5613.
El trasfondo del conflicto no es solo jurídico, sino económico. Para el agro cruceño, la Ley 1720 representa una herramienta para escalar unidades productivas, acceder a crédito y avanzar hacia la mecanización e industrialización. En un escenario de escasez de divisas y dificultades en el abastecimiento de combustible, el sector insiste en que ampliar la capacidad productiva no es una opción, sino una necesidad.
Con la convocatoria a una asamblea en puerta, el sector deja claro que el debate recién comienza. Y que, en su lectura, el futuro del agro —y parte de la economía del país— depende de que esa norma se mantenga en pie.
El Deber
