El paro convocado para el 10 de febrero por distintos sectores en contra de la disposición que busca luchar contra el agio y la especulación persigue intereses políticos, por lo que carecerá de apoyo, afirmó este jueves el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
La postura la expresó luego de entregar a gremiales de El Alto y del departamento de La Paz el borrador de decreto supremo que los exime del alcance de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025, en el marco del diálogo abierto por el Gobierno nacional con distintos sectores para reglamentar esta disposición.
“Todo el sector gremial que está participando ha hecho conocer que no van a participar del paro nacional, porque es un paro promovido especialmente por intereses políticos. A ellos, lo que les interesa, han señalado, es defender los intereses de los gremiales, del comercio minorista”, explicó en conferencia de prensa.
Silva ratificó la continuidad de las conversaciones con todos los sectores con el fin de reglamentar la determinación incluida en la Ley del PGE 2025.
“Vamos a seguir conversando y dialogando con estas instituciones del sector gremial, lo que nos hace prever que no habrá un apoyo a este paro nacional que han convocado para este lunes; sin embargo, pararán otros que ya tienen otro tipo de interés y que también se respeta. Estamos en un Estado de derecho y las personas tienen la plena garantía para ejercer los derechos políticos que establece la Constitución Política del Estado”, aseguró.
A los impulsores de la medida de presión los volvió a convocar a la mesa de diálogo con el fin de identificar los problemas y encontrar soluciones de forma conjunta.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Silva destacó la importancia de esta normativa para realizar controles y fiscalización a aquellas personas que están acumulando cantidades importantes de productos de la canasta familiar no para abastecer al mercado, sino para llevar afuera del país.
Negó que se vaya a controlar y fiscalizar al sector productivo legalmente establecido ni al comercio minorista.
Al igual que, con los gremiales de La Paz y de El Alto, para este jueves estaba previsto el encuentro con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Confederación de Gremiales de Bolivia, no obstante, ambas reuniones fueron postergadas parta el martes 11 de febrero.
Silva informó que hasta el momento la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) aún no confirmaron si acudirán a la reunión convocada para este jueves.
ABI
Mira también
