Este domingo, dos días después que el Gobierno determinara mayores controles y medidas contra el agio y la especulación, el ministro de Justicia, César Siles, informó que hay cuatro procesos penales en curso por esos delitos.
“Tenemos ahora, desde que hemos iniciado esta cruzada, cuatro procesos penales en curso por agio y especulación. Uno de ellos está con procedimiento abreviado, una persona fue sentenciada a un año de cárcel y los otros están todavía en proceso de investigación, pero es muy poco para lo que está sucediendo en el país”, indicó en entrevista con Bolivia Tv.
De acuerdo con el ministro, una de las medidas que asumió el Gobierno el viernes es el acompañamiento del Ministerio Público a los operativos de control en los centros de abasto para controlar los precios de los productos de la canasta familiar.
Según Siles, hasta entonces, los controles lo realizaban la Policía Boliviana, las intendencias municipales y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, por lo que se limitaban a decomisar las mercancías o retirar a los comerciantes.
Sin embargo, debido a la “falta de acompañamiento” del Ministerio Público, no se iniciaban procesos penales y las personas volvían a incurrir en los delitos.
Ahora, con la presencia de fiscales en los operativos, se pueden iniciar acciones legales para castigar a las personas que oculten productos para venderlos a precios más elevados.
“Tenemos que tener los precedentes necesarios para que la gente vea que estos dos delitos son graves y afectan a la economía nacional”, señaló el ministro.
Debido a que el agio y la especulación se tipifican dentro del delito de ganancias a ilícitas, quienes incurran en estos ilícitos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel.
Otra medida que adoptó el Gobierno es el pedido a las alcaldías para que realicen controles en los mercados para verificar los precios de los productos y alimentos.
Siles advirtió que, en caso de no realizar los operativos, se los obligará a través de medidas constitucionales con acciones de cumplimiento, aunque espera que no se tenga que llegar a esas instancias.
La Razón
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