La Confederación de Gremiales de Bolivia presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) relacionado al decomiso de productos.
“Se ha presentado una acción. Pensamos que el tribunal debe ser responsable y admitir en los plazos correspondientes y dictar la sentencia disponiendo la inconstitucionalidad de las normas”, dijo Gualberto Cusi, abogado del sector gremial.
Ante este panorama, la Confederación de Gremiales de Bolivia determinó suspender sus medidas de presión hasta obtener un pronunciamiento del TCP.
“Se levantan todas las movilizaciones hasta que salga la determinación del fallo del Tribunal Constitucional. El 11 (de marzo) estaba programado el bloqueo nacional, se suspende hasta que salga el fallo, pero seguimos en estado de emergencia”, declaró el dirigente nacional Jesús Cahuana.
Sin embargo, el Comité Multisectorial compuesta por diferentes sectores indicó el miércoles que definirá hasta el viernes, en un encuentro en Beni, la fecha en la que marcharán hasta la ciudad de La Paz exigiendo al Gobierno de Luis Arce la derogación de la norma observada.
La disposición séptima señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La norma, además tiene un segundo parágrafo en el que se señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales “debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.
La disposición séptima sobre decomiso de alimentos tiene movilizados a los sectores del aparato productivo nacional.
UNITEL
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