La Fiscalía profundizó este martes en los alcances del caso Botrading y precisó que el daño económico investigado oscila entre $us 5 millones y $us 356 millones, según los avances de la denuncia y la revisión de 12 contratos vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El fiscal del caso, Omar Yujra, explicó que el Ministerio Público cuenta con más de 40 elementos de prueba, entre ellos contratos suscritos con el Estado, manuales de funciones y declaraciones testificales. Estas evidencias, señaló, permiten establecer la presunta responsabilidad del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y de otros cinco exfuncionarios.
“Conforme al avance de las investigaciones y a la propia denuncia realizada se tendría un daño económico de entre 5 millones hasta 356 millones de dólares americanos”, indicó en contacto con Unitel.
Botrading
La imputación formal, conocida el lunes, incluye los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado. Hay al menos 10 exfuncionarios de la petrolera estatal implicados.
El caso se centra en los procesos de contratación de YPFB con la empresa Botrading durante las gestiones 2023, 2024 y parte del 2025. La subsidiaria, que opera desde Paraguay, se encargaba de la importación de combustible y su posterior internalización en territorio boliviano.
De acuerdo con las denuncias, a través de Botrading la petrolera estatal adquirió diésel y gasolina con sobreprecio para favorecer a unas cuantas exautoridades y sus familiares.
Además de Dorgathen, también fueron imputados Gabriela Delgadillo, exgerente de Industrialización; Julio César Camargo, exgerente de YPFB Refinación; Omar Alarcón, también exgerente de YPFB Refinación que luego pasó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); Luis Rolando Sánchez, exgerente de Planificación; y Miguel Ángel Colque, exvicepresidente de Operaciones.
Dorgathen
Las autoridades aún desconocen el paradero de Dorgathen, aunque desde el Ministerio de Gobierno se indicó que existen indicios de que podría encontrarse en Brasil. Ante ello, la Fiscalía anunció que activará los mecanismos necesarios para que comparezca ante la justicia, entre ellos la emisión de notificaciones azul o roja y un eventual proceso de extradición.
El expresidente de YPFB también figura como investigado en otros procesos vinculados a su gestión al frente de la petrolera estatal, como un presunto contrabando de hidrocarburos, cuando habría autorizado la exportación de gas natural al mercado brasileño sin el procedimiento legal correspondiente.
La Razón
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