En un tiempo de 30 días calificado como récord ‘express’, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de los magistrados Petronilo Flores Condori y Karen Lorena Gallardo Sejas, revocó un fallo de un tribunal de Santa Cruz y ordenó el inmediato traslado a La Paz del caso del Banco Fassil.
Los magistrados resolvieron la revisión del fallo del Tribunal Tercero de Santa Cruz, integrado por los jueces Carlos Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu, que tras una acción de libertad interpuesta por uno de los detenidos del caso Fassil dejó sin efecto la resolución de un juez de La Paz que, a pedido del ministro de Justicia, Iván Lima, falló para que el caso sea trasladado a la sede de Gobierno y anexado a un solo expediente.
La sentencia del Tribunal Constitucional pone fin a la situación jurídica y la búsqueda de los procesados en que se respete el derecho al juez natural y, en consecuencia, todo el expediente fue remitido a La Paz para que se desarrollen las diligencias por delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas y otros contra al menos 11 personas que permanecen detenidas en Santa Cruz por orden judicial y otras 40 que son investigadas.
La celeridad fue considerada como un récord pocas veces visto por entendidos en derecho, incluso por propios jueces y magistrados. Un juez, que pidió reserva por temor a represalias, calificó la decisión del TCP como pobreza franciscana, una aberración jurídica y una entrega vergonzosa de la justicia al poder político.
Según datos registrados en el mismo Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal Constitucional, las apelaciones, recursos, las revisiones que van a Sucre lo más rápido que tardan es un año, luego los casos vuelven después de dos y tres años, en este caso un mes.
Esta es la historia de Fassil
A mediados de abril de este año el Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La institución designó a Carlos Colodro interventor del Fassil.
La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abren investigaciones por delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas. Inicialmente caen detenidos los cuatro principales ejecutivos de Fassil, Hermes Saucedo Camacho, Juan Ricardo Mertens, Jorge Vargas y Hernán Suárez Vaca Diez.
Las investigaciones siguieron adelante, pues el control jurisdiccional cayó ante la jueza Marianela Salazar.
El 27 de mayo el Banco Fassil se envuelve en una trágica historia que conmovió a la sociedad. Su interventor Carlos Colodro aparece muerto. Los informes oficiales establecieron que cayó al vació del piso 15 de edificio Ambassador, ubicado en el barrio Equipetrol. Para las autoridades de la Policía, la Fiscalía y el Gobierno se trató de un suicidio, pero al inicio la muerte fue un misterio.
La acción de Iván Lima
El 26 de junio el ministro de Justicia, Iván Lima, presenta un incidente de acumulación de procesos por conexitud ante el juez cuarto anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa.
Lima argumentó que es en La Paz donde se cometió el más grave delito financiero y legitimación, por lo que corresponde la acumulación de un solo expediente para que se desarrolle en la sede de Gobierno.
El juez declaró procedente el incidente planteado por el ministro Iván Lima y ordenó el traslado de todo el caso a La Paz.
La acción del juzgador fue calificada de ilegal, abusiva por los detenidos, uno de los cuales planteó una acción de libertad en Santa Cruz para que se respete el derecho al juez natural y no se vulneren los derechos.
El 28 de julio el Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz, de los jueces Carlos Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu, declaró probada la acción de libertad y anuló la resolución del juez paceño. Por lo tanto, quedó nulo y el expediente se quedó en Santa Cruz.
Sin embargo, el TCP, el 30 de agosto revocó la decisión del tribunal de Santa Cruz y ordenó el traslado de todo a La Paz, coincidiendo con el pedio del ministro Iván Lima.
El expediente del caso Fassil consta de 17 cuerpos y casi 4.000 fojas de todas las actuaciones de la Felcc y de la Fiscalía.
La jueza Marianela Salazar, de inmediato alistó los 17 cuerpos del voluminoso expediente y remitió a La Paz y otra copia a Sucre, a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. Se desconoce si aún si los detenidos que permanecen en la cárcel de Palmasola serán llevados a La Paz, pero lo cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional da un nuevo giro y se inicia un nuevo ciclo en el caso del ex Banco Fassil.
El Deber
Mira también
