Un informe elaborado por la Fundación Milenio observa el contrato firmado entre el Estado boliviano, representado por Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), y la compañía rusa Uranium One Group (UOG) para desarrollar una planta de extracción de litio y producción de carbonato de litio.
Según el análisis, el acuerdo coloca a Bolivia en una posición desventajosa, asumiendo la mayor parte de los riesgos mientras que la empresa rusa queda exenta de compromisos sustanciales.
El contrato, suscrito el pasado 11 de septiembre, establece un plazo de 18 meses para la construcción de la planta, tras lo cual el acuerdo quedará extinguido.
Sin embargo, Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, advierte que este periodo es insuficiente para completar el proyecto, ya que las fases de construcción requieren al menos tres años.
«Lo que queda en la penumbra es quién tendrá la responsabilidad de concluir la planta una vez finalizado el plazo del contrato», señaló Oporto.
Además, a pesar de que YLB tiene una participación mayoritaria del 51% en la sociedad, el informe indica que no será propietaria de la planta construida. Para operar y mantener la instalación, UOG deberá firmar un contrato adicional.
A través de otro acuerdo, la empresa rusa también adquirirá derechos exclusivos para comprar y comercializar el litio producido, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía en la gestión del recurso.
Un aspecto crítico destacado por Milenio es la obligación de YLB de devolver a UOG los costos de inversión realizados en la construcción de la planta, labores exploratorias y estudios complementarios.
Esto implica que el financiamiento del proyecto recaería sobre Bolivia, mientras el inversionista ruso no asumiría riesgos significativos.
La situación se complica más si UOG decide no operar la planta tras la construcción, ya que esto dependerá de un contrato de prestación de servicios y no de la asociación accidental inicial.
Según Oporto, esto podría dejar a YLB en la posición de buscar otro operador para una planta con tecnología rusa, enfrentando incertidumbres y limitando su capacidad negociadora.
El informe sostiene que el contrato presenta riesgos inherentes que podrían comprometer los intereses estratégicos de Bolivia, dejando en desventaja a la estatal YLB frente a Uranium One Group en la gestión de uno de los recursos más valiosos del país.
EL DEBER
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