Bolivia tendrá que comenzar a importar una parte del gas natural que consume dentro de dos o tres años, debido a la caída de las reservas probadas y la falta de nuevos descubrimientos que compensen la declinación de los campos tradicionales.
Raúl Velásquez, especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, tras la presentación de la última certificación de reservas del Gobierno, que reportó 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, sostuvo que el problema del sector no responde únicamente a la disponibilidad geológica del recurso, sino principalmente a las condiciones económicas que desincentivaron la inversión en exploración durante las últimas dos décadas.
«El hecho es que Bolivia va a tener que empezar a importar gas natural de acá a 2 o 3 años», enfatizó el analista.
También se refirió al régimen fiscal, que a su juicio, debe experimentar una serie de reformas.
“En Bolivia el problema de la caída de reservas, más que un problema geológico, es un problema económico, con precios subsidiados y un régimen fiscal draconiano del 93% no hay inversión”, afirmó Velásquez en conferencia de prensa.
Según explicó, el país todavía cuenta con recursos de gas natural bajo tierra, pero necesita mejorar las condiciones para que las empresas desarrollen proyectos, exploren nuevos yacimientos y conviertan esos recursos en reservas comercialmente explotables.
El especialista señaló que el Estado concentra el 93% de la renta petrolera, mientras que las empresas reciben el 7%. A ello sumó el precio subsidiado del gas natural, que ronda los $us 1,30 por unidad energética, frente a un valor de exportación cercano a los $us 7 por millón de BTU.
“Yo estoy seguro que ninguna empresa, ninguno de ustedes se animaría a invertir en un negocio en el que de cada 100 dólares 93 van para el Estado y 7 se quedan con las empresas petroleras”, cuestionó.
Reservas en declive
Velásquez recordó que la última certificación de reservas anterior a la actual correspondió a 2023, cuando Bolivia reportó 4,5 TCF de reservas probadas de gas natural y 93 millones de barriles de hidrocarburos líquidos.
También observó que la Ley 3740, promulgada en agosto de 2007, obliga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a certificar y publicar las reservas hasta el 31 de marzo de cada año. Sin embargo, indicó que desde la vigencia de esa norma el país apenas cuenta con cinco certificaciones, pese a que debería tener 18.
El especialista identificó que la actual declinación afecta principalmente a los campos descubiertos durante la década de los noventa, entre ellos Margarita, San Alberto y Sábalo, cuyos volúmenes sostuvieron durante años la producción nacional y las exportaciones.
A su juicio, la falta de descubrimientos importantes desde 2003 refleja las dificultades para atraer capital al sector. Mencionó como excepciones los hallazgos de Caipipendi, en el área de Caipipendi, y Aquío, aunque sostuvo que Bolivia no consiguió descubrimientos de magnitud suficiente para revertir la tendencia.
“Desde el 2003 en adelante no ha habido un descubrimiento importante salvo en Caipipendi y Aquío. Eso te muestra el fracaso de la Ley de Hidrocarburos 3058 y el fracaso de la llamada nacionalización”, manifestó.
Importación de gas
El especialista consideró difícil evitar la importación de gas natural en el corto plazo, incluso si el Gobierno modifica las condiciones económicas y aprueba una nueva Ley de Hidrocarburos. Explicó que desarrollar un nuevo campo puede tomar entre cinco y siete años, por lo que los resultados de una política de incentivos no llegarían a tiempo para cubrir el déficit previsto.
“Es muy difícil que en dos o tres años puedas descubrir suficiente gas que te permita revertir esa situación”, advirtió.
Velásquez estimó que Bolivia podría comenzar importando entre el 5% y el 7% de la demanda interna. Un porcentaje que aumentaría progresivamente hasta que los nuevos yacimientos aporten producción nacional.
También alertó que la compra de gas en el exterior exige una planificación distinta a la importación de combustibles líquidos. El país necesitará negociar contratos de mediano plazo, de tres a cinco años, y asegurar capacidad de transporte mediante gasoductos.
En ese escenario, identificó a Argentina como un posible proveedor. Aunque advirtió que Bolivia tendrá que competir por los volúmenes disponibles con otros compradores, como Chile y Brasil.
Respecto a los precios, calculó que importar gas durante el verano podría costar entre $us 8 y 10 por millón de BTU. Mientras que en invierno el precio podría subir a un rango de $us 12 a 15, debido a la menor disponibilidad del energético en Argentina.
Ajustar precios
Para reactivar la actividad hidrocarburífera, Velásquez planteó modificar el régimen fiscal y revisar los precios del gas natural. Estimó que el país necesita entre $us 1.800 y 2.000 millones de inversión para impulsar nuevos proyectos de exploración.
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Asimismo, propuso ajustar los precios internos para mejorar la competitividad de las energías renovables. Principalmente la hidroeléctrica, solar y eólica, frente a las plantas termoeléctricas que utilizan gas subsidiado.
“En el momento en que se ajuste el precio del gas natural van a poder ingresar más hidroeléctricas, más solar, más eólica. Y de esa forma podrías compensar, en cierta forma, el tema de generar menos gas con termoeléctricas”, explicó.
El analista también advirtió sobre las consecuencias de reducir las exportaciones para priorizar el mercado interno. Actualmente, según sus datos, el 53% de la producción nacional abastece el consumo interno y el 47% se destina a los mercados externos. En 2005, la relación era inversa: el 14% iba al mercado interno y el 86% se exportaba.
Dejar de exportar implicaría, según su estimación, una reducción de aproximadamente $us 100 millones mensuales en el ingreso de divisas. Además de menores recursos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), debido a que el mercado interno paga un precio subsidiado.
Por ello, Velásquez insistió en que la recuperación del sector requiere cambios estructurales y no solamente nuevos anuncios de exploración. “No podemos seguir apostando a lo mismo cuando vemos que el resultado es un fracaso absoluto”, concluyó.
La Razón
