La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó este viernes sobre la instalación de un «retén ilegal» en un camino vecinal del municipio de San Pedro, en Santa Cruz, construido y mantenido durante más de 30 años por agricultores de la zona.
El puesto de control, montado hace una semana por grupos autodenominados «interculturales» de San Pedro y San Julián, opera sin autorización estatal y exige a transeúntes documentos de identidad, datos vehiculares y rutas de viaje, usurpando funciones de la Policía y la Aduana.
Según Anapo, el retén está ubicado en la intersección de los predios Santagro, San Rafael e Hacienda Isabela, y afecta directamente a más de 70.000 hectáreas productivas, incluyendo tierras de San Cayetano, San Rafael, Canaan, San Gabriel, La Moneda y comunidades campesinas afiliadas a la Federación Única de Campesinos.
Anapo
El dispositivo impide el libre acceso de trabajadores y maquinaria, viola derechos constitucionales como la libre locomoción, el trabajo y la seguridad jurídica, denunció la organización.
Anapo presentó denuncias formales ante la Alcaldía de San Pedro y el Comando Departamental de la Policía, a los que exigió la desarticulación inmediata del retén y el procesamiento de los responsables. La asociación recordó que la Constitución prohíbe la instalación de controles no oficiales en territorio nacional.
“Estos grupos irregulares generan zozobra en productores que por décadas han invertido en estas tierras tituladas para garantizar la seguridad alimentaria del país. Exigimos que el Gobierno restablezca el orden y proteja la certidumbre jurídica”, señaló la entidad en un comunicado.
El conflicto se agrava tras el reciente avasallamiento del predio Santagro, también atribuido a los mismos grupos. Anapo advierte que, de no mediar intervención estatal, se profundizará el daño a la producción de oleaginosas y trigo, cultivos estratégicos para la economía cruceña y nacional.
La asociación reiteró su llamado urgente a las autoridades para frenar acciones ilegales que, además de obstaculizar el trabajo agrícola, ponen en riesgo la integridad de los productores y amenazan la seguridad jurídica.
La Razón
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