El diputado Diego Brañez cuestionó las contradicciones en las declaraciones de autoridades del Gobierno respecto al caso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y preguntó por qué no se adoptaron medidas para impedir su salida del país, si ya existían investigaciones en su contra.
“Si ellos sabían que tenían procesos abiertos, ¿por qué no emitieron algún tipo de orden para que él no pueda salir del país?”, cuestionó Brañez durante una entrevista con UNITEL.
El legislador hizo referencia a las declaraciones del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien calificó de sorpresiva la salida de Saucedo y aseguró que, hasta donde tenía conocimiento, no existía ninguna investigación en curso contra el presidente del TSJ.
“Que sea de mi conocimiento, del conocimiento de la Vocería Presidencial, no hay ninguna investigación en curso en lo absoluto”, manifestó Gálvez en una entrevista con radio Fides.
Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior había señalado que varios presuntos cómplices del exfiscal general Roger Mariaca y de estructuras vinculadas a la delincuencia estaban escapando y poniéndose a buen recaudo.
A estas declaraciones se sumó el pronunciamiento del fiscal general del Estado, José Armando Hurtado, quien confirmó la existencia de dos procesos abiertos contra Saucedo en Santa Cruz y anunció el inicio de los trámites para activar el sello rojo de Interpol, con el objetivo de localizarlo internacionalmente.
Para Brañez, estas versiones evidencian contradicciones dentro del propio Ejecutivo y generan interrogantes sobre el manejo de la información y las acciones preventivas que pudieron adoptarse.
La salida de Saucedo, anunciada por el propio magistrado a través de sus redes sociales, se produjo en medio de las investigaciones relacionadas con presuntas redes de protección al narcotráfico y el denominado caso Mariaca.
El presidente del TSJ aseguró que abandonó Bolivia por motivos de seguridad y denunció que su libertad y la vida de su familia estaban en peligro. Estas afirmaciones forman parte de su versión y deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.
Mientras tanto, el caso abre nuevas interrogantes sobre la coordinación entre el Gobierno, la Fiscalía y los organismos encargados del control migratorio, en un escenario de creciente tensión institucional.
Ahoradigital con información de Unitel.
Mira también
