La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) manifestó su preocupación por trámites burocráticos que impiden la exportación de 250.000 toneladas de soya, pese a que el Gobierno levantó el veto a las ventas externas del grano hace ya más de un mes.
Jaime Hernández, presidente de Anapo, explicó que pese al permiso oficial todavía persisten trámites innecesarios.
“(Las exportaciones) han estado condicionadas a realizar trámites de certificados, de presentación de requisitos; burocracia innecesaria que hoy están perjudicando a las empresas exportadoras”, protestó.
De acuerdo con Hernández, este volumen no comercializado representa cerca de $us 200 millones en ingresos perdidos para Bolivia.
Hernández lamentó que la demora genere incertidumbre en mercados clave como Perú y Argentina, donde las empresas exportadoras ya habían establecido operaciones, luego de cinco meses en los que el Gobierno prohibió las ventas externas con el fin de garantizar el abastecimiento interno.
El presidente de Anapo reiteró el pedido del sector para que las exportaciones se liberen «de manera irrestricta, sin cupos» que obstaculicen los procesos.
El pasado 7 de mayo, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, informó que nuevamente se autorizarían las exportaciones de soya, debido a resultados positivos de la temporada de siembra, por lo que se proyecta una siembra de más de 3 millones de hectáreas de soya, con un promedio de producción de 2,2 toneladas por hectárea.
En esa oportunidad, el ministro dijo que se socializaría un reglamento con los requisitos mínimos para los exportadores interesados.
De acuerdo con Hernández, es ese documento el que impide que las ventas externas se materialicen, más de un mes después de la autorización.
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entre 2016 y 2019 el país apenas obtuvo $us 46 millones por las exportaciones de soya; mientras que entre 2021-2024 las exportaciones ingresaron un total de $us 682 millones.
La Razón
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