El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, alertó este miércoles que la postergación del debate de tres contratos de exploración de hidrocarburos, que representan una inversión de $us 504,5 millones, en la Cámara de Senadores, pone en riesgo la inversión extranjera y la provisión de hidrocarburos para el país.
Molina consideró “inaudito” que hasta ahora no se puedan aprobar los contratos petroleros, que hace ya un año fueron avalados, en primera instancia, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ser firmados.
“Lo grave de toda esta situación, más allá de los riegos que representa, es que estamos no solamente generando un riesgo país a la inversión extranjera, sino también poniendo en riesgo la provisión de energéticos para el país”, advirtió en conferencia de prensa.
Sin justificativo, la Cámara de Senadores informó que se aprobó “la moción de aplazamiento para el tratamiento de los PL N° 320, 321 y 322, relacionados a contratos de servicios petroleros suscritos entre YPFB y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. (Sucursal Bolivia)».
Se trata de tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación, suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la empresa Vintage Petroleum Bolivia LTD., que viabilizan una inversión de $us 504,5 millones.
El primer contrato se refiere al área Sayurenda, localizada en Tarija y suscrito el 20 de enero de 2023. Prevé una inversión $us 57,4 millones; 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables; 2,8 millones de barriles (MMBBL); y $us 162,3 millones de renta petrolera.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Caraidanti, ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, firmado el 20 de enero de 2023, donde Vintage ejecutará $us 194 millones de inversión; proyecta 163,1 BCF y 10,9 MMBBL en recursos recuperables, además de una renta petrolera de $us 650,9 millones.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, ubicada en el departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023, donde se prevé una inversión de $us 252 millones; 171,3 BCF y 12,80 MMBBL de recursos recuperables. Asimismo, se calcula una renta petrolera de $us 701,1 millones.
Los contratos viabilizan inversiones para las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación) en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.
Molina dijo que no existe justificativo para postergar el debate de los contratos petroleros y advirtió móviles políticos, pero que no se dan cuenta que afectan a la población y al país, que desde el año 2015 registra una baja en la producción de hidrocarburos por la falta de inversiones en exploración que podría llegar a una “situación crítica”.
De acuerdo con Molina, si los tres proyectos explorarlos resultan exitosos, el país podría captar una renta de $us 1.514 millones que se traduciría en mayores ingresos para las regiones de todo el país.
Por ello, llamó a la reflexión a los legisladores para que se pongan a la altura de lo que demanda el país.
Recordó que un proyecto de exploración no es inmediato y que su trabajo toma hasta cinco años para conocer si son exitosos o no, y que desde la declaratoria de comercialidad toma otro tiempo.
“Hay que tomar una conciencia ciudadana y creo que el pueblo tiene hoy, más que nunca, que pedirles cuentas a nuestra Asamblea por esta actitud”, señaló.
Sostuvo que “no puede ser que el tratamiento irresponsable” que se da en el Legislativo “pare la exploración, pero sobre todo postergue la decisión del pueblo boliviano de avanzar en su pleno derecho de abastecerse con energía y particularmente con recursos que provienen de este sector tan importante”.
En ese contexto, anunció que en las siguientes semanas presentará un anteproyecto de ley de reforma a la Ley 3058 para acortar el procedimiento burocrático en la Asamblea Legislativa.
ABI
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