Ante la crisis económica que vive el país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) aseveró este miércoles que el país necesita con urgencia acuerdos políticos, estabilidad institucional y medidas estructurales para enfrentar la actual coyuntura social que afecta a las familias y al aparato productivo nacional.
En un pronunciamiento emitido al cumplirse seis meses de gestión del nuevo Gobierno, la entidad reconoció avances en algunos indicadores macroeconómicos relacionados con la estabilidad cambiaria, la inflación, las reservas internacionales y la reducción del riesgo país. Asimismo, valoró las medidas orientadas a corregir distorsiones estructurales y generar mayor certidumbre económica.
No obstante, la CEPB advirtió que persisten problemas estructurales que ponen en riesgo la estabilidad y el crecimiento del país, entre ellos la escasez de dólares, las dificultades en el abastecimiento de carburantes, la falta de inversiones, el elevado gasto público y el riesgo de un colapso energético debido a la insuficiencia de reservas hidrocarburíferas.
Crisis
El ente empresarial sostuvo que el sector privado atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años por factores como la escasez de divisas, la caída de la demanda interna, el incremento de costos operativos, los bloqueos, la incertidumbre normativa y nuevas presiones laborales.
Según la CEPB, esta situación afecta especialmente al comercio, la industria, la construcción, el transporte, las exportaciones y las pequeñas y medianas empresas. Además, expresó preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias bolivianas debido al desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización económica.
La organización también alertó sobre el incremento de la conflictividad social y denunció que algunos actores políticos promueven escenarios de confrontación mediante discursos radicales, bloqueos y amenazas que perjudican la recuperación económica y la convivencia democrática.
En el ámbito institucional, cuestionó la paralización o anulación de normas aprobadas conforme a procedimientos constitucionales, señalando que estas situaciones deterioran la seguridad jurídica y debilitan la confianza necesaria para atraer inversiones y generar empleo. Asimismo, observó la falta de consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar leyes vinculadas a inversión, financiamiento externo, energía y reactivación productiva.
Dato
Frente a este escenario, la CEPB propuso la elaboración de un plan nacional de emergencia económica integral y la conformación de un espacio permanente de diálogo técnico y político entre el sector público y privado. También planteó abrir debates estructurales sobre política laboral, recursos naturales, justicia y modernización del Estado.
El pronunciamiento señala que “la emergencia económica es la cuestión más urgente a resolver”, por lo que propone un espacio técnico, jurídico y político con participación del sector público, empresarios, instituciones de la sociedad civil, regiones y cooperación internacional, para viabilizar la aprobación de leyes relacionadas con inversiones, hidrocarburos, minería, litio y energía.
Además, los empresarios solicitaron fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando, y plantearon mecanismos de mediación para reducir la conflictividad social y garantizar el respeto a la ley.
Autoridades
La CEPB consideró adecuada la participación de mediadores nacionales como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, así como de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, para facilitar la resolución de conflictos complejos.
Finalmente, la entidad reiteró su disposición de apoyar iniciativas orientadas a la estabilización económica, la recuperación productiva y la defensa de la institucionalidad democrática.
“Bolivia necesita acuerdos, certidumbre, responsabilidad y visión de futuro. Solo mediante el diálogo, el respeto a la ley y el trabajo conjunto será posible superar la crisis y construir un país con mayores oportunidades para todos”, concluye el comunicado.
La Razón
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