AHORADIGITAL.- La senadora Marcela Guerrero puso en duda la validez legal de las operaciones petroleras en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, señalando que, según información extraoficial analizada en procesos judiciales, los plazos para que las empresas ingresaran al área fenecieron en 2021.
La legisladora cuestionó que se pretenda reactivar actividades extractivistas en pleno 2026, cuando las operadoras no cumplieron con los términos establecidos en el contrato original. Ante este escenario, Guerrero instó a la Contraloría General del Estado a resolver la situación jurídica de estos compromisos para darles de baja definitivamente sin que esto represente una carga económica para el país.
Guerrero calificó como inaceptable que los legisladores nacionales deban enfrentar obstáculos para obtener contratos que son de interés público. «Es increíble en este país que nos oculten la información. Sin embargo, hemos analizado lo que aprobó la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos exigiendo, así lo voy a decir el término, a la Contraloría General del Estado… que aclare estos temas y que proceda a las auditorías», sentenció.
La senadora también denunció la existencia de un «fraude» en la obtención de licencias ambientales y la elaboración de planes de manejo para la zona protegida. Según su análisis, en el año 2014 se realizaron categorizaciones ambientales incorrectas y se omitió la consulta pública obligatoria, elementos que considera suficientes para invalidar cualquier operación. Para la legisladora, los documentos que sustentan la exploración petrolera en el área de amortiguamiento son técnicamente deficientes y carecen de transparencia, asemejándose más a una improvisación o «dibujo libre» que a una planificación científica y legal responsable.
En el ámbito judicial, Guerrero destacó los esfuerzos que se llevan adelante ante el Tribunal Agroambiental de Sucre para asegurar una medida cautelar que frene cualquier actividad extractiva argumentando que el uso de sustancias peligrosas y nocivas para la exploración pondría en riesgo irreparable el entorno natural, por lo que sugirió que el Estado debería reorientar la actividad hidrocarburífera hacia otras regiones del país que no tengan el mismo impacto ambiental.
Finalmente, la legisladora celebró la absolución de los comunarios y defensores de Tariquía, quienes enfrentaron procesos judiciales que calificó como intentos de amedrentamiento y criminalización de la protesta social.
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