La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) inició la planificación de operativos conjuntos con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para reforzar el control de la minería ilegal en distintas regiones del país, una problemática que genera pérdidas económicas para el Estado, afecta la recaudación por regalías y tributos, y representa riesgos ambientales y de seguridad.
La coordinación interinstitucional comenzó con la reunión del 10 de julio, en la que las tres instituciones definieron los lineamientos para la organización de futuras intervenciones en zonas identificadas con actividades de explotación minera ilegal de gran escala y consideradas de alto riesgo.
Según la AJAM, esta fase corresponde a la planificación y articulación de acciones entre las entidades competentes, con el propósito de garantizar que los operativos se desarrollen bajo condiciones de seguridad y dentro del marco de la normativa vigente.
En ese contexto, la autoridad minera también aclaró las versiones que circularon durante el fin de semana sobre presuntas inspecciones en algunas regiones del país. Mediante un comunicado institucional, precisó que no realizó ninguna inspección, intervención ni operativo los días 11 y 12 de julio, debido a que las acciones aún se encuentran en etapa de coordinación.
Minería ilegal
La entidad explicó que el apoyo de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas es un componente clave para ejecutar futuras intervenciones en áreas donde la presencia de operadores ilegales representa un elevado nivel de riesgo para el personal encargado de los controles.
Desde una perspectiva económica, el fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal busca proteger los recursos minerales del Estado, combatir la explotación al margen de la ley y preservar los ingresos fiscales provenientes de una actividad que constituye uno de los principales sectores generadores de exportaciones en Bolivia.
La AJAM señaló que continuará avanzando en la planificación de los operativos, con el objetivo de ejecutar intervenciones coordinadas que permitan combatir la minería ilegal y garantizar el cumplimiento de la legislación minera en todo el territorio nacional.
La Razón
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