La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresaron su preocupación medidas por la demora del Estado en la adopción de para enfrentar la crisis económica y advirtieron que la falta de decisiones oportunas tendrá consecuencias para el país.
En un pronunciamiento conjunto denominado “El país tiene dos relojes”, ambas instituciones señalan que mientras la economía atraviesa un deterioro acelerado, la respuesta estatal avanza a un ritmo insuficiente. “Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad”, remarcaron.
Las organizaciones empresariales sostuvieron que problemas como la escasez de combustibles, la pérdida de mercados y capitales después de los 50 días de bloqueos y el agotamiento de los campos petroleros son parte de una crisis que continúa golpeando a empresas de diferentes dimensiones y actividades.
Entre las medidas que consideran urgentes está garantizar el abastecimiento de diésel. De acuerdo con su pronunciamiento, las estaciones de servicio de Santa Cruz estarían recibiendo actualmente alrededor del 30% del volumen requerido por el departamento.
La CAO y Cainco destacaron, además, el peso del sector agropecuario en la economía nacional. Recordaron que esta actividad utiliza cerca del 16% del diésel, pero aporta el 77% de los alimentos que demanda Bolivia.
Las entidades también plantearon agilizar las autorizaciones para el uso de biocombustibles y transparentar la cantidad de carburantes que se distribuye diariamente en cada región. En ese contexto, señalaron que Bolivia importa 9,5 de cada 10 litros de diésel que consume, por lo que una mayor incorporación de etanol podría contribuir a disminuir la dependencia de las importaciones.
Cuestionamientos a la Ley de Inversiones
Respecto al proyecto de Ley de Inversiones, las cámaras empresariales coincidieron en que Bolivia necesita una normativa que incentive la llegada de capital, aunque observaron el ritmo y las condiciones en las que se desarrolla su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
Según su evaluación, el proyecto compite actualmente con otras tres iniciativas, todavía no fue remitido formalmente a una comisión y tampoco cuenta con una fecha definida para su debate.
La CAO y Cainco señalaron que revisaron los 103 artículos de la propuesta y detectaron “vicios” que, a su criterio, deben ser corregidos antes de su aprobación. Advirtieron que la urgencia por contar con una norma no debe traducirse en improvisación, porque una legislación con problemas podría terminar judicializada y generar nuevamente la incertidumbre que pretende eliminar.
El pronunciamiento también puso la mirada en los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad. Las organizaciones empresariales estimaron que las reformas destinadas a recuperar el sector energético no producirán resultados inmediatos y podrían requerir al menos cinco años para comenzar a mostrar efectos y una década para alcanzar una producción estable.
“La demora de hoy se pagará mañana”, enfatizaron.
En esa línea, exigieron al Legislativo definir un cronograma para el tratamiento de las normas consideradas prioritarias y cumplir los plazos establecidos. Para ambas instituciones, las diferencias políticas no deberían continuar postergando decisiones en un escenario económico que ya tendría poco margen para soportar nuevas demoras.
Asimismo, remarcaron que una Ley de Inversiones, por sí sola, no será suficiente para atraer capitales. Afirmaron que los inversionistas necesitan condiciones permanentes para operar, entre ellas acceso a combustible y dólares, carreteras expeditas y reglas claras.
Finalmente, la CAO y Cainco defendieron la capacidad del sector productivo para aumentar la producción y generar más divisas, incluso sin necesidad de ampliar la superficie cultivada.
“Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país”, concluyeron, al anunciar que “el tiempo que se pierde no vuelve”.
Correo del Sur
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