Ahoradigital – La Cámara de Senadores sancionó el miércoles el crédito de hasta $us 200,5 millones del Banco Mundial destinado al Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia. Tras su aprobación en grande y en detalle, la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación por el presidente Rodrigo Paz.
El financiamiento, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial, busca fortalecer los mecanismos de protección social y respaldar las transferencias económicas dirigidas a sectores vulnerables afectados por la crisis económica.
¿En qué se utilizarán los recursos?
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Economía, el préstamo contempla dos componentes principales:
- $us 192 millones: destinados a transferencias económicas vinculadas al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y a otros programas sociales.
- $us 8 millones: para fortalecer los sistemas de protección social y desarrollar un registro integrado de beneficiarios.
El financiamiento permitirá reponer recursos que el Gobierno destinó al pago del PEPE I, un beneficio extraordinario que consistió en transferencias de Bs 150 durante tres meses para determinados grupos de la población.
¿Quiénes están contemplados?
Entre los potenciales beneficiarios figuran las mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy, las personas con discapacidad, los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación, además de padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.
La iniciativa también prevé la creación de un registro social de hogares para identificar a las familias en situación de vulnerabilidad y mejorar la focalización de las ayudas estatales.
Según el Gobierno, este sistema permitirá contar con información actualizada e integrada para orientar los recursos públicos hacia quienes más los necesitan.
El Legislativo deberá fiscalizar el uso del crédito
Como parte de las condiciones establecidas en la norma, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar informes semestrales, de manera oral y escrita, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el uso, destino y ejecución de los recursos.
Con la sanción del Senado, el proyecto concluyó su tratamiento legislativo y pasó al Ejecutivo para su promulgación. El financiamiento representa una nueva obligación crediticia para el Estado boliviano, por lo que la ejecución de los recursos y los resultados de los programas sociales serán aspectos centrales para evaluar su impacto.
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