Ahoradigital – El modelo económico aplicado durante las últimas dos décadas al sector hidrocarburífero habría reducido el atractivo de Bolivia para las inversiones privadas, debido a que el Estado concentra aproximadamente el 93% de la renta petrolera, mientras que las empresas operadoras reciben apenas el 7%, según un análisis de la Fundación Jubileo.
Raúl Velásquez, analista de energía e hidrocarburos de esa institución, advirtió que esta distribución, sumada a los precios subsidiados del gas natural, desincentivó las inversiones en exploración y contribuyó al deterioro de las reservas nacionales.
“De cada 100 dólares, 93 van para el Estado y siete se quedan con las empresas petroleras. Ninguna empresa se animaría a invertir en un negocio en el que de cada 100 dólares, 93 van para el Estado”, sostuvo Velásquez.
La advertencia surge en un momento crítico para el sector energético. La última certificación presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con fecha efectiva al 31 de diciembre de 2025, estableció que Bolivia cuenta con apenas 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural, el nivel más bajo de los últimos 20 años.
En 2013, el país registraba aproximadamente 10,3 TCF de reservas probadas, mientras que en 2023 la cifra había descendido a 4,5 TCF.

PRECIOS SUBSIDIADOS Y FALTA DE INVERSIÓN
Velásquez también cuestionó la política de precios internos del gas natural, que durante aproximadamente dos décadas se mantuvo en torno a los 1,30 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), frente a valores de exportación que, según su referencia, rondan los 7 dólares.
A su juicio, esta diferencia reduce la rentabilidad de los proyectos y dificulta que las compañías recuperen las millonarias inversiones que requiere la exploración de nuevos yacimientos.
El diagnóstico también coincide con los datos expuestos por YPFB durante la presentación de la certificación de reservas. Según la estatal, entre 2006 y 2026, aproximadamente el 65% de las inversiones hidrocarburíferas se destinó a explotación y desarrollo de campos, mientras que solo el 35% fue dirigido a exploración.
Esta distribución habría contribuido a priorizar la producción de campos conocidos sin conseguir incorporar suficientes reservas nuevas para reemplazar el gas extraído.
BOLIVIA SE EXPONE A IMPORTAR GAS
La caída de las reservas plantea un escenario complejo para la economía nacional. Velásquez advirtió que Bolivia podría comenzar a importar parte del gas que consume en un plazo de dos a tres años, debido a la insuficiente reposición de los volúmenes producidos.
El analista señaló que el desarrollo de un nuevo campo hidrocarburífero puede demorar entre cinco y siete años, desde la exploración hasta alcanzar niveles comerciales de producción.
Además, estimó que el gas importado podría costar entre 8 y 10 dólares por millón de BTU durante el verano y entre 12 y 15 dólares en invierno, dependiendo de las condiciones del mercado regional.
La eventual necesidad de importar el energético representaría una presión adicional sobre las divisas, la balanza comercial y los costos de abastecimiento interno.
Velásquez también calculó que la pérdida de determinados volúmenes de exportación podría significar alrededor de 100 millones de dólares mensuales menos en ingresos por divisas.
PIDEN CAMBIAR LAS REGLAS DEL SECTOR
Ante este panorama, desde Fundación Jubileo se plantea la necesidad de modificar el régimen económico del sector hidrocarburífero mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que permita mejorar las condiciones para atraer inversiones privadas.
Entre los aspectos que deberían revisarse figuran la carga fiscal, los precios de comercialización, las condiciones contractuales y la seguridad jurídica para las empresas interesadas en explorar y desarrollar nuevos campos.
El desafío no se limita a encontrar nuevos yacimientos. Bolivia necesita generar condiciones para que los recursos hidrocarburíferos existentes puedan convertirse en reservas comercialmente aprovechables.
La caída de las reservas de gas amenaza una de las principales fuentes históricas de divisas e ingresos fiscales del país, mientras crece la presión para reformar un modelo que durante años sostuvo las exportaciones, las regalías y los recursos destinados a gobernaciones y municipios.
Ahoradigital con información de El Deber y Fundación Jubileo.






