Bolivia vuelve a quedar entre los países con peor desempeño en materia de Estado de Derecho. El Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP), ubica al país en el puesto 130 de 143 naciones evaluadas, con una calificación de 0,37 sobre 1.
El resultado refleja las profundas debilidades del sistema judicial boliviano, golpeado por denuncias de corrupción, retardación procesal, falta de independencia y presuntos vínculos de operadores de justicia con organizaciones del narcotráfico.
Aunque Bolivia subió una posición respecto a la clasificación de 2025, su puntuación general permanece estancada. En América Latina ocupa el puesto 29 de 32 países, por delante únicamente de Nicaragua, Haití y Venezuela.
Justicia penal, entre las peores del mundo
El indicador más preocupante corresponde a la justicia penal. Bolivia ocupa el puesto 142 de 143 países, es decir, el penúltimo lugar mundial, con una puntuación de apenas 0,19.

Esta medición contempla aspectos como la eficacia de las investigaciones, la rapidez de los procesos, las garantías judiciales y la independencia de los tribunales.
En justicia civil, el país tampoco muestra resultados alentadores: ocupa el puesto 140, con una calificación de 0,30, reflejando dificultades de acceso a los tribunales, demoras y problemas para hacer cumplir las resoluciones judiciales.
En el indicador de ausencia de corrupción, Bolivia se encuentra en el puesto 140 del mundo y en el 31 de 32 países latinoamericanos. Aunque registró una leve mejora respecto al año anterior, continúa entre los últimos de la región.
Los escándalos que sacuden a la justicia boliviana
La publicación de estos indicadores coincide con una de las mayores crisis judiciales de los últimos años, marcada por investigaciones contra exautoridades y funcionarios vinculados al sistema de administración de justicia.
Entre los casos más relevantes están las investigaciones contra el exfiscal general Róger Mariaca, por presuntos vínculos con el narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, y contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, mencionado en las pesquisas del denominado caso Maletas.
A estos procesos se suman las investigaciones contra jueces, fiscales y otros operadores judiciales, que han puesto bajo cuestionamiento los mecanismos de control y fiscalización dentro de las instituciones encargadas de administrar justicia.
En el caso Maletas, las condenas mediante procedimientos abreviados contra el exjuez Aldo Quezada y el exfiscal Julio César Porras, ambos sentenciados a tres años de prisión por organización criminal, tampoco despejaron todas las interrogantes sobre el traslado y destino de las valijas.
Expertos piden una reforma estructural
Ante este escenario, especialistas consultados por El Deber consideran que la crisis no puede atribuirse únicamente a conductas individuales, sino que responde a problemas estructurales relacionados con la politización, la falta de independencia y los mecanismos de selección de autoridades judiciales.
La abogada Audalia Zurita considera que los presuntos vínculos entre operadores judiciales y el narcotráfico eran conocidos, pero que ahora se ha evidenciado una disputa por el control de las instituciones.
Por su parte, el abogado Jorge Santistevan sostiene que el sistema judicial atraviesa un colapso estructural y plantea una reingeniería profunda.
El constitucionalista Marco Baldivieso también cuestiona la elección de magistrados mediante voto popular y considera necesario revisar los mecanismos de designación para garantizar autoridades seleccionadas por méritos y capacidad profesional.
El informe internacional vuelve a colocar a Bolivia frente a una realidad preocupante: recuperar la confianza ciudadana, garantizar la independencia judicial y combatir la corrupción aparecen como desafíos centrales para el país.
Fuente: Ahoradigital




