El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, afirmó que la planta de cemento de Potosí no podrá producir de manera sostenible y cuestionó las condiciones en las que fue construida durante el anterior Gobierno.
“La planta de cemento en Potosí no va a producir nunca”, sostuvo Camacho en una entrevista con ERBOL, al señalar que el complejo fue instalado a unos 100 kilómetros del yacimiento de materia prima y que no se habría previsto la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento.
El funcionario también observó la falta de una carretera adecuada para el traslado de la materia prima, además de la ausencia de una conexión ferroviaria que permita movilizar el volumen de cemento que originalmente se proyectaba producir.
Según Camacho, el proyecto contemplaba incluso la exportación de cemento hacia el sur de Perú y el norte de Chile, pero las condiciones de infraestructura necesarias para cumplir ese objetivo no fueron garantizadas.
La planta de Ecebol, ubicada en la comunidad de Chiutara, fue inaugurada y puesta en marcha en fase de pruebas en noviembre de 2023, durante el Gobierno de Luis Arce. La construcción comenzó en 2017 y posteriormente fue retomada.
En su momento, el Gobierno informó que la planta tendría capacidad para producir alrededor de 1,3 millones de toneladas de cemento IP-30 y más de un millón de toneladas de IP-40 por año, además de generar 277 empleos directos y 831 indirectos.
La situación de la cementera forma parte de un diagnóstico más amplio realizado por la OFEP sobre las empresas públicas. Camacho informó que fueron identificadas 20 empresas en situación crítica y que las primeras 15 evaluadas acumulan Bs 8.100 millones de deuda con Impuestos Internos.
Además, estas empresas registrarían Bs 26.800 millones entre pérdidas acumuladas y préstamos, aunque la autoridad aclaró que las auditorías todavía deberán establecer otros pasivos, como obligaciones con proveedores y la Gestora.
El informe de la OFEP, de más de mil páginas, fue presentado el 28 de agosto y se encuentra actualmente en revisión del Consejo Superior de Empresas Públicas. Una vez aprobado, se prevé la publicación de información detallada sobre la situación de cada empresa y las medidas que podrían adoptarse.
Cabe recordar que en 2024 el Gobierno había informado que la planta operaba utilizando materia prima proveniente de otras regiones ante las dificultades para acceder al yacimiento local de Turicaya, mientras se esperaba la aprobación de un contrato minero.
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