Ahoradigital – El presidente Rodrigo Paz anunció este viernes que su Gobierno tomará decisiones sobre la subvención a los combustibles en los próximos días, en medio de la presión que generan los precios internacionales y el elevado costo que representa para el Estado.
Durante un acto realizado en la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, Paz volvió a cuestionar el actual esquema de subvención y planteó que esos recursos deberían ser destinados a inversiones en refinación, exploración e infraestructura.
“En los siguientes días tendremos que tomar decisiones”, afirmó el mandatario, quien agregó que algunas de esas determinaciones serán difíciles debido a la situación internacional de los combustibles.
Paz sostuvo que prefiere que el Estado invierta en producir y refinar combustibles antes que mantener recursos destinados a la subvención.
“Prefiero invertir en refinación que en subvención”, señaló, al mencionar que una mayor inversión podría traducirse en carreteras, hospitales, colegios y otras obras.
El mandatario también cuestionó que el actual modelo de subvención beneficie, según su interpretación, a determinados sectores y planteó si los recursos públicos deberían continuar bajo ese esquema o ser destinados a fortalecer la capacidad productiva del país.
“Vamos paso a paso”
Consultado directamente sobre si el Gobierno levantará la subvención, Paz respondió: “Vamos paso a paso” y señaló que algunas decisiones podrían ser anunciadas próximamente.
El acto estuvo relacionado con la socialización del Decreto Supremo 5701, que permite a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell importar crudo para procesarlo y comercializar sus derivados a precio de mercado.
El debate ocurre además mientras Bolivia enfrenta una fuerte dependencia de las importaciones. Según datos citados por Unitel, el país importa aproximadamente 95% del diésel y 60% de la gasolina que consume. El viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, señaló que la subvención representa alrededor de 60 millones de dólares semanales, de los cuales unos 30 millones corresponden al diésel.
Mientras tanto, el Gobierno deberá definir si avanza hacia una modificación o eliminación del actual esquema y qué mecanismos utilizará para reducir el impacto sobre la población y los sectores que dependen de los carburantes.
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