Ante la decisión del Gobierno nacional de controlar la venta de combustibles para evitar el desvío del carburante a actividades ilegales, un analista considera que la medida no deja de ser un paliativo y sugiere realizar una auditoría a los procesos de contratación relacionados con la compra y transporte del carburante.
Desde ayer, el Gobierno puso en marcha los decretos 4910 y 1911, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra el contrabando de combustibles, además de mejorar el control de la venta de gasolina y diésel.
Según el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, con la medida el Estado ahorrará al menos 250 millones de dólares por año, dado que se evitará el desvío de 250 millones de litros de combustibles a actividades ilegales.
Sin embargo, el analista en hidrocarburos José Padilla dijo que mencionadas medidas no dejan de ser un paliativo, puesto que, pese al aumento del control en las fronteras, los contrabandistas buscarán la manera de favorecerse con la comercialización del combustible subsidiado.
Por ello, Padilla indicó que el problema de fondo está relacionado con las empresas que proveen el combustible y prestan el servicio de transporte. Según el analista, hay indicios de desvío de combustible y sobreprecios tanto en el precio del carburante como en los costos de transporte.
“Es necesario transparentar a través de una auditoría los costos de transporte y a quiénes, a qué empresas se está dando (los contratos), si se están licitando o se están adjudicando de forma directa. YPFB tiene la posibilidad de adjudicar de forma directa, pero habría que transparentar para ver los costos”, dijo Padilla.
Revisar la subvención
Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, planteó la necesidad de revisar la subvención a los hidrocarburos e instaurar un precio diferenciado para los propietarios de vehículos.
“Personas que se dedican a una actividad económica en la que utilizan la gasolina y el diésel como insumo fundamental para su actividad, por ejemplo, los taxis, trufis, los pequeños camioncitos que trasladan mercadería a las tiendas o mercados de las ciudades o poblaciones rurales, a esas personas, a esos vehículos debería mantenerse la subvención tal como está, por un tiempo más”, dijo el analista a ANF.
En tanto, el diputado del MAS Ronald Huanca sugirió la eliminación paulatina de la subvención en todos los hidrocarburos, pero dijo que este no es el momento por la delicada situación económica por la que atraviesa el país.
Garantizan oferta a sector productivo
El Gobierno garantizó el suministro de carburantes al sector productivo con la implementación de la Política Nacional de Control y Lucha contra el Contrabando de Combustibles, que establece un control y fiscalización en la venta de estos productos.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que el plan no afecta a los sectores productivos del país que demandan de manera lícita los combustibles.
La autoridad señaló que ya se reunió con directivos del sector productivo de Santa Cruz.
Tomado de Los Tiempos
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