Ahoradigital – El debate sobre una posible reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) comienza a ganar fuerza en el escenario político boliviano. Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga plantean modificaciones orientadas a “destrabar” las inversiones y habilitar mayores mecanismos de arbitraje, mientras que Manfred Reyes Villa propone una transformación más profunda hacia un Estado federal.
Las distintas propuestas coinciden en que el actual texto constitucional debería ser modificado para generar mejores condiciones para la llegada de capitales y ofrecer mayores garantías y seguridad jurídica a los inversionistas.
En el caso de Jorge “Tuto” Quiroga, su propuesta plantea una reforma parcial de la Constitución que alcanzaría más de un centenar de artículos. Uno de sus principales pilares es la apertura económica, con cambios al modelo estatal y la eliminación de restricciones que, según su planteamiento, dificultan la inversión en sectores estratégicos como los hidrocarburos. También propone abrir la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias.
La iniciativa de Quiroga contempla además reformas relacionadas con las autonomías, la Justicia, el control constitucional, el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa y la modernización del Estado.
La propuesta de Samuel Doria Medina se orienta también a revisar el marco constitucional para facilitar inversiones y generar mecanismos de arbitraje que otorguen mayor certidumbre a los capitales nacionales y extranjeros, en un contexto en el que varios sectores consideran necesario impulsar medidas para reactivar la economía.
Por su parte, Manfred Reyes Villa considera que Bolivia requiere un cambio de mayor alcance. El alcalde de Cochabamba plantea avanzar hacia un Estado federal y cuestiona que se continúe realizando reformas parciales o “parches” a la Constitución.
Reyes Villa sostiene que el federalismo permitiría una mayor descentralización y una mejor distribución de competencias entre el nivel central, los departamentos y los municipios. Además, vincula la discusión constitucional con la necesidad de crear condiciones que permitan atraer inversión extranjera y establecer mecanismos de arbitraje que den garantías a los inversionistas.
De esta manera, la discusión sobre la reforma constitucional vuelve al centro del escenario político, aunque con visiones diferentes sobre su profundidad: mientras algunos plantean modificaciones específicas para eliminar obstáculos a la inversión y ampliar la seguridad jurídica, otros consideran que el país necesita una transformación estructural de su organización estatal.
El desafío será ahora trasladar estas propuestas al debate legislativo y político, tomando en cuenta que una reforma parcial de la Constitución tiene un procedimiento distinto a una modificación de fondo, que requeriría mecanismos de mayor alcance.
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