Ahoradigital – El fiscal general Roger Mariaca decidió guardar silencio durante la declaración a la que fue convocado dentro de la investigación que derivó en su aprehensión, mientras que el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, declaró ante un fiscal y fue imputado por organización criminal y tráfico de sustancias controladas, según informó su defensa.
Los fiscales Mariaca, Zeballos y Martín Irusta pasaron su segunda noche en celdas policiales, a la espera de que concluya la etapa inicial de la investigación y sean puestos a disposición de una autoridad jurisdiccional.
El abogado César Zeballos informó que la declaración de su defendido concluyó pasada la medianoche y tuvo una duración aproximada de media hora. También cuestionó los elementos utilizados en su contra y sostuvo que su defendido no aparece en los videos que forman parte de la investigación.
Según la defensa, Zeballos fue incluido en la investigación por delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Su abogado sostuvo que la participación de su cliente estaría siendo vinculada principalmente al hecho de haber retornado en el mismo vuelo que Mariaca.
En el caso de Mariaca, su defensa confirmó que fue convocado a declarar, pero optó por acogerse a su derecho al silencio. El fiscal general es investigado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, de acuerdo con las acusaciones difundidas por el Gobierno.
Mientras tanto, la defensa de Mariaca, encabezada por Jerjes Justiniano, presentó una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez.
El caso también enfrenta cuestionamientos sobre las actuaciones fiscales. El fiscal Juan Pablo Mazzone, quien había sido designado para tomar las declaraciones, fue desvinculado posteriormente por Luis Montaño, quien asumió funciones como fiscal general interino.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, señaló que Mariaca y las demás autoridades aprehendidas deben pasar a disposición de una autoridad jurisdiccional, instancia en la que deberán respetarse las garantías del debido proceso y valorarse los elementos de la investigación.
Ahora, la expectativa se concentra en la presentación de los aprehendidos ante un juez, que deberá definir su situación jurídica conforme avance el proceso.
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