El procurador del Estado, José María Cabrera, está a punto de ser destituido del cargo por haberse opuesto a la decisión del gobierno de Jeanine Áñez de iniciar la privatización de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con la devolución de las acciones nacionalizadas y que estaban en manos del Estado, a través de ENDE, a la privada ELFEC de Cochabamba.
También pesa en su contra la investigación que inició sobre el proceso de compra de equipos no letales y gases lacrimógenos. En un informe ante una comisión legislativa, reveló este jueves que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no remitió el informe sobre esa adquisición, pese a que el pedido se le cursó en junio.
“Procurador a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso gases lacrimógenos. Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC, no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, posteó la Procuraduría desde su cuenta institucional en Twitter, acompañado de una nota de El Deber.
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En el aniversario de Cochabamba, el 14 de septiembre, Áñez devolvió a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) las acciones que fueran nacionalizadas en 2010 y que hasta el lunes eran administradas por ENDE. Ese día dijo que la propiedad vuelve a los cochabambinos y a los trabajadores de la empresa regional
Trabajadores de esa empresa se opusieron en 2010 a la nacionalización. La estatal ENDE empezó negociaciones con las empresas afectadas por la nacionalización para determinar el valor de acciones en el mercado local, pasivos financieros, laborales y ambientales exigibles y que se descontarían del monto que se devolvería a los inversores. Se habló de $us 2 millones.
“Créanme que me llena de emoción formar parte de esta devolución de estas acciones porque (…) esta acción en algo restaura la dignidad del pueblo cochabambino”, expresó Áñez.
Otra de las razones de su potencial destitución, es la investigación a la compra de equipos y material antimotines. “El Ministerio de Defensa ha cooperado, ha contestado; lastimosamente todavía no lo ha hecho el Ministerio de Gobierno y estamos en plena etapa de verificación y revisión de toda esa documentación”, reveló en un informe legislativo.
Según la denuncia del programa Detrás de la Verdad, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra en noviembre de 2019 del equipamiento, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor. Justamente esa intermediación encareció la compra que representó Bs 39,3 millones.
La Razón
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