La eliminación de la subvención a los hidrocarburos, anunciada la noche del miércoles por el presidente Rodrigo Paz, abrió un inmediato debate entre distintos sectores del país. Mientras el transporte federado de La Paz expresó su rechazo y convocó a un ampliado de emergencia, representantes del sector empresarial señalaron que la medida apunta a ordenar una realidad fiscal compleja y destacaron los mecanismos de protección social anunciados por el Gobierno.
Desde la Federación Chuquiago Marka, su dirigente Santos Escalante informó a EL DEBER que el sector se reunirá este jueves en un ampliado para analizar el alcance de la decisión y definir posibles acciones. Indicó que las conclusiones serán comunicadas a la ciudadanía cerca del mediodía.
Escalante explicó que el malestar del sector radica, principalmente, en la falta de información previa. Señaló que en reuniones sostenidas anteriormente con el Presidente y autoridades del Ejecutivo no se había planteado el levantamiento de la subvención en el corto plazo. “Nos vemos sorprendidos con esta situación, porque no se habló de que se tomaría esta medida este año”, afirmó.
El dirigente no descartó que, en el ampliado, se evalúen medidas de presión como paros o movilizaciones, aunque aclaró que cualquier decisión será asumida de manera orgánica. También advirtió que el nuevo escenario podría reabrir el debate sobre las tarifas del transporte, debido al impacto que tendrá el alza de los combustibles en los costos operativos.
Una postura similar fue expresada por Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Choferes Primero de Mayo, quien anunció que este jueves se convocará a todas las federaciones del país para analizar la situación. “Vamos a evaluar esta medida porque consideramos que no es el momento adecuado y podría generar dificultades para la población”, sostuvo.
Tarqui afirmó que el sector percibe la eliminación de la subvención como una decisión que afecta directamente al transporte y advirtió que cualquier determinación será definida en consenso con las bases.
Los nuevos precios de los carburantes, que ya se aplican en algunos surtidores, establecen la gasolina especial en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80, entre otros ajustes que forman parte del nuevo esquema anunciado por el Ejecutivo.
Desde el sector empresarial, la lectura fue distinta. El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, señaló que el ajuste en los precios del diésel y la gasolina responde a la necesidad de enfrentar una situación fiscal desafiante y de transparentar costos largamente distorsionados.
Antelo destacó que el impacto de la medida viene acompañado por acciones de contención social, como el incremento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto, además de la creación de un programa extraordinario que entregará entre Bs 200 y Bs 600 a sectores vulnerables. “Estas medidas buscan equilibrar el esfuerzo que se está pidiendo a la población”, señaló.
En este escenario, el desafío inmediato será abrir espacios de diálogo que permitan canalizar las preocupaciones de los sectores afectados y asegurar que el proceso de ajuste económico se implemente con estabilidad, previsibilidad y protección social, en un contexto marcado por la necesidad de reordenar las finanzas del país sin profundizar tensiones sociales.
El Deber
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