En la frontera chileno-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: el intercambio de vehículos robados por droga.
El modo de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, generalmente una camioneta todoterreno, lo cruza ese mismo día hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia la camioneta por algunos kilos de droga. Una Toyoya Hilux del año cuesta unos 2 kilos de cocaína, según información vertida por los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
Una de las bandas desarticuladas en Chile en años recientes era dirigida desde la prisión Colina, la más grande de Chile, por Osvaldo Calderón, quien llevaba más de una década como recluso. Según el testimonio de uno de sus cómplices, Calderón planificaba hacia futuro: estaba reuniendo 40 mil dólares para sobornar a un guardia de la prisión, para conseguir el beneficio de salida dominical, tras lo cual huiría a Bolivia; según consta en el expediente judicial del caso.
La banda estaba integrada por ladrones de autos, mecánicos y falsificadores. Un total de 23 personas repartidas en distintas ciudades chilenas, a lo largo de 1.700 kilómetros. 19 de ellos son de nacionalidad chilena y cuatro son bolivianos.
Otro ejemplo, del involucramiento entre mafias de ambos países es el caso que se ha conocido públicamente como “Cangri”.
El 20 de febrero de 2019 Sebastián “Cangri” Leiva, un conocido cantante chileno de reguetón, cruzó la frontera hacia Bolivia por el turístico poblado de San Pedro de Atacama, junto a otras cuatro personas – dos chilenos y dos bolivianos -, en una camioneta Toyota 4 Runner roja.
La camioneta había sido comprada con un documento bancario falso un par de días antes. Una técnica que uno de los acompañantes de Cangri, Germán Gundián, había utilizado anteriormente.
Gundián, un empresario del rubro automotriz con líos con la justicia por estafas, era el nexo principal con los bolivianos con los que se haría el negocio de la compra-venta del vehículo robado en Chile y que, según dos testimonios de involucrados, eran policías.
Pero el viaje no terminó como Gundián esperaba. En pleno altiplano, a más de 3.500 metros de altura, Gundián, Cangri y otro chileno -Sebastián Cornejo- fueron abandonados por sus socios bolivianos, en un incidente que aún no está claro por qué ocurrió. La noche y el frío hicieron el resto. Cangri y Gundián fallecieron, mientras que Cornejo –que tiene un extenso prontuario policial, con más de 10 causas, y está vinculado a investigaciones por narcotráfico según datos judiciales- logró llegar al día siguiente hasta la aduana y sobrevivir.
En Bolivia las bandas no tienen muchas dificultades para deshacerse de un vehículo ilegal y venderlo en el mercado negro, según lo demuestran las investigaciones de las autoridades de ambos países y también se evidenció en el reporteo efectuado para esta investigación transnacional.
En esta investigación participaron tres medios, Página Siete de Bolivia, El Mercurio de Antofagasta (Chile) y La Estrella de Iquique (Chile), en alianza con la Plataforma Connectas.
Luego de que el vehículo es trasladado por rutas clandestinas al interior de Bolivia hasta alguna de las ferias donde será comercializado, como la de Challapata o la de Puente Vela en la ciudad del El Alto, departamento de La Paz.
El vehículo es vendido a la mitad de su precio real. Con documentación falsificada para poder circular, el precio sube un poco. Si en el camino es interceptado por agentes oficiales, no pasa nada. El pago de una coima al policía debería es suficiente para continuar la marcha.
“Los policías nos piden 150 bolivianos y nos dejan seguir”, dice uno de los comerciantes de chutos que dio su testimonio en este reportaje.
Los vehículos sin documentación legal son conocidos como chutos en Bolivia, y algunos analistas estiman que actualmente hay 450 mil máquinas bajo esa condición en ese país, equivalente a un cuarto de todo el parque automotor boliviano.
La economía informal que gira en torno al negocio de los autos chutos incluye ferias, clonadores de patentes, transportadores y pueblos en los que sus empobrecidos habitantes ganan algunos pesos guardando los autos en sus patios, o cobrando peaje a su paso.
No todos los chutos son robados, de hecho posiblemente la mayoría son adquiridos en la Zona Franca de Iquique, ciudad portuaria del norte chileno. Aunque estos por su antigüedad no están autorizados para ingresar a Bolivia, empresas utilizan a personas sin hogar como testaferros para esquivar la burocracia aduanera y luego ingresar los vehículos a Bolivia por algún paso fronterizo clandestino. Esto último es una práctica conocida, pero el mercado automotriz es tan importante para Iquique que pareciera ser que todos prefieren mirar para otro lado mientras el dinero siga corriendo.
En tanto en Bolivia, por el impacto social del fenómeno, acabar con el problema es un terreno de arenas movedizas para los políticos.
En 2011 el gobierno del ahora expresidente Evo Morales realizó un “perdonazo” que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile.
En este país, precisamente, el problema de la frontera también está generando promesas políticas. La última de ellas es vista con recelo por expertos y agrupaciones vinculadas a derechos humanos: el gobierno de Sebastián Piñera involucró al Ejército en la persecución del narcotráfico y el contrabando en la frontera. El mismo Ejército que se ha visto sumido en casos de corrupción durante los últimos años y que está en uno de sus peores niveles de aprobación ciudadana después de las protestas en Chile. El plan se echó a andar hace pocos meses.
Página Siete
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