Óscar Ortíz, el exsenador y ex ministro de Economía del Gobierno de transición de Jeanine Áñez, quien renunció por sus profundas diferencias con el exministro Arturo Murillo, desde su natal Santa Cruz dio una entrevista a Brújula Digital. Aseguró que el Gobierno de Luis Arce no tiene ningún programa para reactivar la economía; que vuelve al modelo económico de la gestión de Evo Morales en un contexto diferente y advirtió de los altos costos de no tener una justicia independiente, ni seguridad jurídica.
BD: Usted ha sido Ministro de Economía durante un periodo del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y vio cómo estaban los indicadores macroeconómicos en ese momento. Tras las elecciones hubo cierta expectativa sobre la recuperación económica en un contexto de pandemia, cuando surgió Luis Arce como presidente, quien además es considerado como el padre del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. ¿Cómo evalúa el desempeño del Gobierno del MAS a poco más de seis meses de gestión?
O.O: Primero, yo creo que el presidente Luis Arce y su equipo derogaron todas las medidas de reactivación que se aprobaron el 2020, pero no presentaron un nuevo programa de reactivación, ni tienen medidas orientadas a la reactivación. Lo único que han hecho es no tomar medidas restrictivas de la actividad económica respecto a la pandemia que tiene un costo en salud, pero ha permitido cierta normalización de la actividad económica que obviamente cuando se compara la actividad económica de ahora, con la pandemia del año pasado donde había cuarentena rígida obviamente va haber una recuperación, pero no es una recuperación estructural, sino que es una inercia de la actividad económica.
Lamentablemente se ha vuelto a tomar medidas del pasado que han dado muy mal resultado para la economía nacional como prohibir exportaciones, establecer cupos, bandas de precios, que afectan las decisiones de la actividad económica y se han creado nuevos impuestos en tiempos de pandemia y de recesión que es lo más contraproducente y sobre todo el impuesto a las grandes fortunas, que desincentiva la inversión privada porque graba al patrimonio, se vuelve un costo permanente todos los años, y eso hace que se hayan cancelado una serie de proyectos especialmente en el rubro inmobiliario porque aparece un nuevo costo que desincentiva la inversión privada tanto nacional como extranjera, lo cual para mí es una medida negativa.
BD: ¿Qué muestran los indicadores macroeconómicos?
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O.O: También hay un problema, desde que ha llegado el presidente Luis Arce se han perdido más de 1.000 millones de dólares de reservas internacionales, y buena parte de ello es por la falta de confianza de los actores económicos sobre las políticas económicas del Gobierno que está impidiendo desarrollarse en esta lógica de intervencionismo estatal en la economía
B.D: Sin embargo hay una mejor coyuntura que el 2020; es decir, que los precios de las materias primas a nivel internacional han mejorado como el caso de los minerales y la soya
O.O: Hay un efecto positivo de los precios internacionales, pero lamentablemente el país no tiene la misma capacidad para aprovechar un nuevo ciclo positivo de precios de alza de commodities porque hoy producimos menos. Primero: el incremento de precios ya no es de la magnitud que tuvimos hace unos años. Por ejemplo, el petróleo llega a 60 dólares el turril, pero ya no a 110 ó 120 dólares como llegó en un momento, y segundo, tenemos en petróleo y gas en producción declinante. En agropecuaria la producción está estancada, hay medidas como la prohibición de la biotecnología, también desincentiva inversiones adicionales.
BD: ¿Qué implica para el país el uso de menos energía?
O.O: Lo que pasa es que el consumo de energía es un indicador directo del nivel de actividad económica, si se consume menos energía significa que la actividad económica se está contrayendo o no se está recuperando significativamente.
B.D: Desde el Gobierno de Luis Arce se responsabiliza al Gobierno de Jeanine Áñez de todo lo malo que hay actualmente, sobre las cifras en rojo en el ámbito económico, por la situación sanitaria, etcétera.
O.O: Es una medida propagandística que no responde a la realidad y no dan respuesta a la realidad, porque simplemente es buscar excusas para una gestión que está frustrando las expectativas que se habían realizado. Tenemos un Presidente economista pero no hay un programa económico claro. Si simplemente el programa económico es volver al modelo de la gestión de Evo Morales, vamos a fracasar, porque el modelo parecía funcionar en época de ingresos extraordinarios, pero está claro que es un modelo que no da resultados para el desarrollo del país, el crecimiento del país, y sobre todo para la diversificación productiva.
BD: ¿Cuánto puede afectar las pugnas internas que se dan en el MAS en la gestión pública?
O.O: Afecta mucho porque no solo las pugnas, sino también esa especie de repartición de la administración pública afecta su eficiencia, su efectividad y su capacidad de actuación en momento en que país enfrenta una déficit económica, sanitaria que no tiene precedentes por la gerencia de Evo Morales, con un déficit del 8% que llevó varios años y por otro lado el impacto de la pandemia que se va a prologar por dos a tres años más en materia económica.
B.D: La persecución política que se ha priorizado desde el Gobierno de Luis Arce ¿qué señales está dando al país y al mundo?
OO: Al darse la señal de no contar con una justicia independiente, por lo tanto no hay un Estado de derecho vigente en el país, lo que se genera para la economía es incertidumbre y desconfianza, y esto nuevamente afecta las inversiones, eleva el riesgo país y seguramente cuando se coloca los bonos soberanos generará mayor costo de colocación porque en países donde no hay Estado de derecho son considerados de mayor riesgo y la incertidumbre se traduce en mayores costos que demandan los inversionistas para invertir en el país o para comprar sus emisiones de bono soberano.
B.D. ¿Qué sabe de la expresidenta Jeanine Áñez, tuvo algún contacto con ella de manera directa o indirecta?
O.O: Las únicas personas que tienen contacto con ella son sus hijos y abogados, pero claramente vulneran los derechos humanos fundamentales. Me he manifestado reiteradamente que este caso representa la violación de las garantías constitucionales y un desconocimiento a los derechos humanos que Bolivia está obligada a respetar en mérito a nuestra Constitución y a todos los Tratados Internacionales que hemos suscrito.
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