El Gobierno de Bolivia aprobó el Decreto Supremo 5598, una norma que introduce un cambio estructural en el sector eléctrico al eliminar el monopolio que ejercía la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) sobre las interconexiones internacionales de energía.
La medida se inscribe en los acuerdos alcanzados entre el presidente Rodrigo Paz y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de una agenda bilateral orientada a la integración energética y el comercio de electricidad.
Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), desde la promulgación de la norma cualquier agente del sistema eléctrico —público, privado o bajo esquemas de asociación público-privada— podrá desarrollar proyectos de interconexión con países vecinos, rompiendo con el esquema de exclusividad vigente durante años.
Este giro se enmarca en una estrategia estatal que busca posicionar a Bolivia como un nodo energético regional. El país cuenta con un importante potencial de generación, principalmente hidroeléctrico, además de proyectos en energías renovables como solar y eólica, cuya participación ha crecido en los últimos años.
Datos oficiales señalan que Bolivia ha superado el 90% de cobertura eléctrica a nivel nacional, con avances significativos en áreas rurales. No obstante, el desafío actual radica en garantizar la sostenibilidad del suministro ante la caída progresiva de la producción de gas natural, principal fuente de generación térmica.
En ese contexto, la interconexión con países vecinos —especialmente Brasil, Argentina y Paraguay— permitirá no solo exportar excedentes en periodos de alta generación, sino también importar electricidad en momentos de déficit o alta demanda.
Uno de los ejes centrales del Decreto 5598 es la apertura a la inversión privada. La eliminación del monopolio de ENDE permitirá el ingreso de nuevos actores al negocio de transmisión internacional, un segmento estratégico que hasta ahora estaba restringido.
Especialistas del sector energético coinciden en que esta medida puede dinamizar inversiones millonarias en infraestructura eléctrica, incluyendo líneas de transmisión, subestaciones y sistemas de interconexión. Asimismo, la mayor competencia podría traducirse en eficiencia de costos y mejores condiciones para la exportación de energía, generando nuevas fuentes de ingreso para el Estado.
El Gobierno también busca acelerar la transición hacia energías renovables no convencionales. Bolivia ya cuenta con plantas solares en regiones como Oruro y Potosí, así como parques eólicos en Santa Cruz, que forman parte de una estrategia para diversificar la matriz energética.
La posibilidad de importar electricidad desde países vecinos se presenta, además, como un mecanismo de respaldo ante eventuales contingencias, fortaleciendo la seguridad energética y reduciendo el riesgo de racionamientos. A su vez, el acceso a mercados regionales amplía la viabilidad económica de nuevos proyectos renovables.
Otro aspecto relevante de la norma es la rehabilitación de la autogeneración eléctrica para el sector industrial. La disposición revierte restricciones previas que limitaban a las empresas producir su propia energía, incluso cuando ya contaban con infraestructura instalada.
Con este cambio, las industrias podrán generar electricidad para su consumo, reduciendo costos operativos y mejorando su competitividad, al tiempo que se alivia la presión sobre el sistema eléctrico nacional. El esquema prevé que los autogeneradores paguen un precio mayor por el gas natural utilizado, lo que permitirá sostener subsidios cruzados para garantizar el acceso a energía en sectores más vulnerables.
El Ejecutivo considera que esta reforma contribuirá a consolidar un modelo energético más flexible, competitivo y sostenible. La articulación entre el sector público y privado será clave para ejecutar proyectos de gran escala y aprovechar la ubicación estratégica de Bolivia en el centro de Sudamérica.
A mediano plazo, el país podría consolidarse como un proveedor relevante de electricidad en la región, especialmente si logra fortalecer su infraestructura de transmisión y consolidar inversiones en generación renovable.
“El Gobierno reafirma su compromiso con la promoción de la inversión privada como motor del crecimiento económico, en equilibrio con la protección de los sectores más vulnerables”, destacó el MHE.
El Deber
Mira también
