Tras haberse conocido el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ordena al Estado pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el director de la organización por la seguridad social Flora Tristán, Gustavo Rodríguez Cáceres, cuestionó el abandono durante al menos 12 años del gobierno a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Además, criticó que ahora se tenga que pagar al BBVA siete veces más de lo que pidieron sus ejecutivos, en 2012, por la transferencia del todo el sistema de pensiones (software incluido) y sus acciones.
Asimismo, remarcó que se “ha nacionalizado el servicio de administración de los fondos de pensión, no las pensiones”.
“Por no ubicarse en las negociaciones financieras internacionales, el resultado es que, en lugar de pagar 15 millones de dólares en 2012, ahora vamos a pagar 105. Además, vamos a tener dos softwares, dos edificios, dos equipamientos para el funcionamiento, porque las AFP nos van a entregar todo, pero también vamos a tener la gestora”, cuestionó Rodríguez Cáceres.
Añadió: “¿Se va a cerrar las AFP? ¿Vamos a despedir a todos los funcionarios? ¿O vamos a fusionar? Nos estamos metiendo en serios problemas. Además, la primera vez que contrataron un software fue por 5 millones; el otro software creo que es por 7, pero ¿para qué?, si los de la AFP nos van a dar incluido su software cuando les paguemos”.
Por otro lado, el analista y economista Alberto Bonadona explicó que la Constitución Política del Estado prohíbe que “la seguridad social esté en manos privadas” y por eso en 2015 se creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo; sin embargo, hasta el momento no se pudo hacer funcionar para el propósito que fue creado: la administración de los fondos de pensiones”.
“Hasta este momento, la Gestora sólo ha servido para pagar la renta dignidad; sin embargo, hay cierta aceleración en el proceso (de funcionamiento) y esperemos que se cumpla ese proceso para no tener más dolores de cabeza”, dijo Bonadona.
El economista pidió al Gobierno mayor transparencia y claridad en este proceso y las otras demandas internacionales que se tiene por los procesos de nacionalización que impulsó el MAS.
“Autofinanciarse”
En tanto, para el economista Mauricio Ríos García, lo relevante de este fallo es que “Bolivia no ha estado logrando nacionalizar las pensiones desde que se lo propuso en 2010, lo cual es buena noticia a pesar de perder dinero en el intento”.
“Lo primero a tener en cuenta es que el único objetivo que realmente tiene el régimen de Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) con la nacionalización de las pensiones que aún administran las AFP es financiarse y seguir tratando de recuperar el modelo económico que impuso en 2006. Y lo segundo es que, aunque no lo haya logrado todavía, ya dispone de ellas de manera indirecta y silenciosa”, señaló Ríos, en un artículo en su portal web.
Añadió: “Las AFP constituyen la última fuente de financiamiento importante que le queda al Gobierno de Arce (no exporta ni atrae inversión, sino apenas remesas y más deuda) para mantener vivo el modelo que creó junto a Carlos Villegas, sin verse forzado a recurrir a organismos internacionales como el FMI, que, pese a que le tiene extraña estima, le exigiría archivarlo, al menos parcialmente”.
Tras esta derrota de la Procuraduría del Estado, el procurador Wilfredo Chávez aún no explica detalles del proceso.
Abogados que perdieron dirigen otros dos procesos
Los abogados que perdieron el caso con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), patrocinan al menos otros dos procesos más.
Según el laudo del Ciadi, el estudio de abogados que representó los intereses de Bolivia es Guglielmino Derecho Internacional, cuyo abogado principal es el exprocurador de Argentina Osvaldo César Guglielmino.
Según la página de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA por sus siglas en inglés), el estudio de abogados Guglielmino representa a Bolivia en la controversia presentada por Zurich Insurance Company Ltd (ZIC) y Zurich South América Invest AB (ZSAI), propietarias de la aseguradora Futuro de Bolivia AFP S.A, un caso similar a la del BBVA, cuyo resultado podría ser una indemnización de unos 100 millones de dólares. Además, la demanda del Consorcio Cementero del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia S.A. y otros en contra de Bolivia.
Medios argentinos informaron que, en 2010, Guglielmino fue procesado tras la sucesión de varios fallos adversos por diferentes casos como procurador.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, tiene por resolver al menos cinco arbitrajes internacionales urgentes por más de 1.100 millones de dólares como resultado de demandas de empresas transnacionales que fueron nacionalizadas.
La Gestora tiene 248 funcionarios
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La Gestora Pública todavía no opera, pese a que fue establecida por la Constitución Política del Estado de 2009 y por un decreto supremo de 2010, pero tiene 248 funcionarios, que ganan 2 millones de bolivianos al mes, según Brújula Digital.
La creación de la Gestora ha tenido incontables retrasos. Tras la aprobación del decreto de 2010 que estableció su creación, el régimen del MAS, durante las gestiones del entonces ministro Luis Arce y del viceministro Mario Guillén, aprobó otros tres decretos que daban plazos adicionales a la puesta en marcha de la entidad.
Se espera que la Gestora empiece a funcionar en septiembre.
Tomado de Los Tiempos
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