El Gobierno de Rodrigo Paz se prepara para afrontar una semana de conflictos marcada por las protestas de sectores que reclaman al Ejecutivo de Bolivia por temas laborales, la mala calidad y el desabastecimiento de combustible, además de la anulación de una ley cuestionada por indígenas y campesinos.
«Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos», escribió recientemente el mandatario en Facebook.
También sostuvo que no le asusta «el movimiento en las calles», sino que lo que le preocupa es que no exista la capacidad de «ofrecer soluciones reales para el futuro de nuestra patria».
Las demandas y protestas laborales están lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, además de los maestros urbanos, antes del Día Internacional del Trabajo, jornada en la que durante las últimas dos décadas se solían anunciar medidas a favor de los trabajadores.
Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), la COB tuvo influencia en las políticas salariales, en negociaciones que no tomaron en cuenta a la parte patronal.
La COB presentó a finales de marzo su pliego de peticiones y solicitó un incremento al salario básico del 20 %, que fue descartado por el Gobierno con el argumento de que a principios de año ya hubo un aumento del salario mínimo a 3.300 bolivianos (474 dólares), tras el retiro de la subvención a los combustibles.
También defiende la Ley General del Trabajo ante el anuncio de «actualización» por parte del Gobierno y el rechazo al posible cierre de empresas estatales deficitarias, considerada como una «privatización encubierta».
El principal ente sindical llamó a una reunión nacional el martes y fijó para el 1 de mayo una concentración en El Alto, ciudad vecina de La Paz, para reiterar sus exigencias.
Por su parte, los maestros anunciaron que reforzarán sus protestas con la llegada a La Paz de educadores del interior del país, por el incremento salarial, el rechazo a la descentralización educativa y la asignación de ítems, entre otras demandas.
Otro punto de conflicto es la mala calidad del combustible, un problema que se arrastra desde principios de año y que ha generado una crisis en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que tiene desde el jueves a su tercer presidente ejecutivo en menos de tres meses.
La distribución de diésel ha sido irregular en la última semana, por lo que se han registrado filas en varios puntos de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, a lo que se sumaron bloqueos esporádicos de conductores del transporte pesado.
Asimismo, el dirigente campesino Carlos Tancara anunció que desde el lunes «se van a cerrar las carreteras» del norte del departamento de La Paz y que esta es una medida «indefinida» hasta que exista una solución al problema.
Finalmente, está el reclamo de campesinos e indígenas del departamento amazónico de Pando, que a principios de abril iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la anulación de la ley 1720, que «reclasifica» la pequeña propiedad agraria a mediana y que será reforzada por los mineros.
Aunque el Gobierno dijo que la ley busca facilitar el acceso a créditos con buenos intereses, pero las organizaciones campesinas e indígenas sostienen que la norma favorece a los empresarios y promueve la deforestación.EFE
Fuente: EFE
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