Después de que se promulgara el decreto supremo 4928 que establece el incremento salarial, desde diferentes esferas productivas advirtieron que un grueso de la población trabajadora en Bolivia no tendrá acceso a este beneficio. En el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) advierten que las cifras alcanzan al menos a 4,5 millones de personas o lo que es igual a cerca del 80% de este grupo poblacional.
Así lo expuso Beatriz Muriel, investigadora y economista de la mencionada entidad, al apoyarse en informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resaltando que estas cifras se mantienen estancadas desde hace más de un lustro, es decir, persiste en el tiempo.
Muriel advirtió que esta masa poblacional está al margen de la normativa laboral, lo que implica que no tienen acceso a beneficios sociales como aportes para jubilación, seguro de salud, vacaciones o un aguinaldo de Navidad. Tampoco perciben un salario seguro a fin de mes, ya que son trabajadores por cuenta propia.
Por dar un ejemplo, este grueso poblacional no tendrá el beneficio de tener un incremento salarial como está estipulado en el Decreto Supremo 4928 que establece el aumento de 5% al sueldo mínimo nacional y de 3% al haber básico, el cual fue promulgado por el presidente Luis Arce Catacora el pasado 1 de mayo.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los trabajadores informales operan en el sector comercial en los centros urbanos, mientras que en las zonas rurales trabajan en pequeñas unidades productivas agrícolas, que se caracterizan por percibir ingresos bajos.
En un sondeo realizado por UNITEL en lugares comerciales de la sede de Gobierno, las emprendedoras que se abocan a la producción y venta de artículos de cuero, así como a la confección de prendas de vestir, afirman que dentro de sus labores ocupan diferentes roles que van desde la elaboración del producto hasta la venta final.
“Es muy sacrificado cuando no hay movimiento y para nosotros no hay seguro, casi no hay nada. Por nuestra cuenta y esfuerzo salimos adelante junto a nuestras familias”, contó una de las comerciantes consultadas.
A esto se suma que las vendedoras advierten que las ventas están bajas y no pueden competir con los precios de la ropa usada que proviene del contrabando, ilícito que golpea a diferentes sectores del aparato productivo nacional.
“Con la situación que vivimos es complicado, tienes que ser valiente para asumir algo así de trabajar sin algo seguro”, manifestó otra de las comerciantes, que también apuntó que es difícil guardar o ahorrar dinero, situación común en muchos casos.
Otro factor que complica la situación es el grupo de desempleados que opta por vender cualquier producto para percibir ingresos.
Desde distintas esferas del sector privado esperan tener nuevas reuniones con el Gobierno nacional para abordar esta situación, como es el caso del presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, quien apuntó que se deben generar espacios para “formalizar” a ese porcentaje de la población trabajadora que no percibe estos beneficios.
En una entrevista sostenida con UNITEL en días pasados, Camacho señaló que “se deben generar políticas para todos los bolivianos. Deberíamos estar sentados diseñando políticas para formalizar la economía y un porvenir para los 150.000 jóvenes bachilleres que se gradúan cada año”, apuntó.
UNITEL
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