El Gobierno emitió este miércoles el reglamento de la Ley 1330 del Bono Contra el Hambre, de 1.000 bolivianos, cuyo beneficio se pagará en los próximos 20 días y una vez que se efectúe el desembolso de los recursos provenientes de un crédito externo.
De acuerdo con el Decreto Supremo 4345, que reglamenta la mencionada ley y que fue aprobado por el gabinete de ministros, señala que este bono se pagará por única vez a mujeres que reciben el bono Juan Azurduy, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad moderada, grave o muy grave y a todos los beneficiarios del Bono Universal que se realizó por la pandemia del Covid-19.
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“En el marco de la Ley N° 1330, el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000.- (un mil 00/100 bolivianos), será otorgado por única vez, de acuerdo a los criterios previstos en el presente Decreto Supremo y normativa aplicable”, señala la norma en su segundo artículo.
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Respecto al financiamiento, el Decreto Supremo 4345 señala que los recursos provendrán de un crédito externo, “cuyo objetivo haya sido definido en los contratos específicamente para ese propósito”, mientras que el pago se realizará “una vez se confirme el desembolso de la totalidad de fondos en la cuenta del organismo ejecutor del financiamiento”.
La Ley 1330 fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgada el 16 de septiembre. Fue observada por el Ejecutivo que envió un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Conforme al artículo 5 del DS 4345, entre los requisitos para el cobro del bono se debe contar con nacionalidad boliviana y carnet de identidad o documento de identificación alternativo, conforme a lo establecido por el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
“Las personas beneficiarias del Bono Contra el Hambre, podrán realizar el cobro cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Tener nacionalidad boliviana; b) Contar con cédula de identidad original o documento alternativo según Resolución Administrativa N° 184 del Segip”, señalan los incisos a y b del parágrafo I del artículo 5.
El reglamento señala que están al margen del beneficio los servidores públicos de todo el Estado, trabajadores del sector público y privado, para lo cual se verificará con los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones y/o aportes patronal público y privado para vivienda, declarados con 60 días calendario con anterioridad al inicio del pago del Bono Contra el Hambre.
Definen que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo canalizará los recursos asignados para el pago, centraliza y gestionará la información, adicionalmente contratará a la empresa que funciona como canal de pagos a través de las entidades financieras supervisada por la ASFI.
El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron por separado que los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden ser utilizados para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo, por lo que el Gobierno solicitó al Legislativo aprobar el resto de los créditos extranjeros para el cumplimiento del pago del Bono Contra el Hambre.
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