El Banco Central de Bolivia (BCB) aclaró este lunes que no tiene atribución ni competencia para definir el uso y destino de los recursos administrados por las entidades públicas, sino la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada institución.
“En su calidad de agente financiero del Gobierno, el BCB no tiene atribución ni competencia para definir el uso y destino de los recursos administrados por las entidades públicas”, afirmó el Ente Emisor en un comunicado.
La postura la expresó frente a publicaciones en redes sociales y medios de comunicación referidas a pagos de entidades públicas fuera del país.
Fue el diputado opositor Carlos Alarcón quien en su cuenta en X publicó, según, dijo, “una de varias transferencias que a pedido de YPFB realizó el BCB a una cuenta de la sociedad Botrading, en un banco de Nueva York”.
“El BCB tiene que explicar por qué actuó como agencia de pagos de YPFB y si el dinero transferido era de YPFB o de las reservas internacionales”, reclamó el legislador.
En su comunicado, el BCB aclaró que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y los artículos 28 y 29 de la Ley 1670, actúa como agente financiero del Gobierno, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada institución responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas y resultados de los recursos públicos.
Explicó que, según el procedimiento, las transferencias de fondos al exterior que realiza el BCB para todas las entidades del sector público, aprobado mediante resolución ministerial, son gestionados a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Una vez que se asigna el presupuesto y los recursos para el pago, se remite el requerimiento al Ente Emisor para que realice la transferencia. En este proceso, el rol del BCB se limita estrictamente a operativizar las instrucciones, sin participar, en ningún momento, de las negociaciones o las características y condiciones de los contratos suscritos.
“Es importante aclarar que, de acuerdo con el artículo 4 (RESPONSABILIDAD) de la Ley del Presupuesto General de la Nación, “la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos” en el marco de lo que establecen las leyes vigentes”, insistió en el comunicado.
En ese contexto, reafirmó que “cualquier otra interpretación está fuera de lo establecido en la normativa referida a la transferencia de fondos al exterior”.
ABI
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