El transporte de Santa Cruz se prepara para realizar un ampliado en el que analizará posibles medidas de presión contra el Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema de precios para el diésel destinado a grandes consumidores.
La dirigencia del sector anunció la convocatoria a una reunión para evaluar el impacto de la norma y la situación de abastecimiento que continúa afectando a los transportistas. Entre las principales preocupaciones se encuentran las largas filas en los surtidores y las dificultades para conseguir combustible.
El rechazo al decreto se suma a la presión que distintos sectores productivos y sociales vienen ejerciendo sobre el Gobierno. La Confederación de Choferes de Bolivia ya se declaró en estado de emergencia y anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir acciones.
En Santa Cruz, además, el transporte pesado cuestionó que el nuevo esquema no haya solucionado los problemas de abastecimiento y pidió dejar sin efecto el Decreto 5676. El sector sostiene que las dificultades para acceder al diésel están afectando directamente sus operaciones y mantienen a varios vehículos sin trabajar.
El decreto establece un precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores, mientras que los usuarios con consumos menores mantienen el precio de Bs 9,80. La medida fue cuestionada por productores, transportistas y otros sectores que consideran que tendrá un efecto directo sobre los costos de producción y transporte.
La tensión crece en Santa Cruz. Productores de las provincias Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo dieron 48 horas al Gobierno para abrogar la norma y advirtieron con asumir medidas de presión si no reciben una respuesta favorable.
Con el ampliado del transporte, el conflicto por el precio y la disponibilidad del diésel suma un nuevo escenario de definición. Las decisiones que adopte el sector podrían determinar si las protestas se mantienen en el plano de las advertencias o avanzan hacia movilizaciones y bloqueos.
Ahoradigital
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