El 13 de noviembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley 1699, que declara de necesidad y utilidad pública la construcción e incorporación del tramo San Lorencito–Iscayachi–Yunchará–Cruce Mojo–Villazón a la Red Vial Fundamental (RVF).
Aunque la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija destaca la decisión, dijo desconocer el alcance de la norma, pues no tiene información de la misma.
La norma declara de utilidad pública la construcción del tramo que conecta Tarija con Villazón, instruye su incorporación formal a la Red Vial Fundamental y ordena al Ministerio de Obras Públicas coordinar financiamiento y convenios con las entidades territoriales. Responde a una demanda histórica de transportistas, autoridades y comunidades, que desde 2021 reclaman que la vía deje de depender de las gobernaciones, que no cuentan con recursos para sostenerla.
El conflicto se arrastra desde julio de 2021, cuando autoridades de Tarija y Potosí se reunieron en Higueras–Villazón con la dirigencia del transporte para analizar la crítica situación del tramo Yunchará–Villazón. En esa oportunidad, todas las instituciones coincidieron en que las gobernaciones no podían continuar haciéndose cargo del mantenimiento ni del futuro asfaltado por falta de recursos. La entonces senadora Gladys Alarcón presentó un proyecto de ley para transferir el tramo al nivel central, mientras que el autotransporte y los alcaldes acordaron trabajos de emergencia.
Pese a ello, la desatención continuó. “Llegaba la época de lluvias y la Gobernación no hacía mantenimiento, y la ABC tampoco podía intervenir porque el tramo no era su competencia. Este camino estuvo abandonado mucho tiempo, poniendo en riesgo a los transportistas”, recordó Gabriel Pérez, ejecutivo del transporte.
El tramo tiene 70 kilómetros: 33 en Tarija y 37 en Potosí. En 2021 apenas se avanzó en raspaje, sin que se establecieran plazos ni se concrete la transferencia a la Administradora Boliviana de Carreteras. Esta falta de decisiones generó nuevos conflictos en 2023, cuando Potosí anunció que financiaría el 95% del tramo en su jurisdicción, mientras que en Tarija el proyecto se estancó tras retirar recursos del estudio técnico. Esto provocó un paro indefinido de comunidades de Yunchará, que exigían que Tarija cumpla su parte del acuerdo.
Pese a la reciente promulgación de la Ley, el Autotransporte asegura que no existe diálogo, planificación ni respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas. Pérez recordó que los acuerdos nacionales establecen que el Gobierno debe cubrir el 70% de la contraparte y las gobernaciones el 30%, pero insistió en que Tarija ya no está en condiciones de aportar. “No vamos a poner nada por parte de las gobernaciones porque es un caos. Esto le compete exclusivamente al Gobierno. Tenemos que coordinarnos con Potosí para que el Estado tome control directo”.
El dirigente cuestionó además la falta de respuesta del ministro de Obras Públicas, oriundo de Tarija, a los pedidos formales de la Confederación del Transporte. “Queremos sentarnos con este Gobierno, que es tarijeño, y hacerle ver la realidad. Pero no hay respuesta”, afirmó.
El dirigente destacó que la carretera Yunchará–Villazón es estratégica para la integración de Tarija, Potosí y la frontera con Argentina, y que su construcción representa un impulso directo al desarrollo regional. “Todas las carreteras son importantes para el desarrollo de los pueblos, de los municipios. Donde hay carreteras, hay desarrollo. No podemos seguir esperando”, concluyó.
Fuente: elpais.bo
Mira también
