Tras más de dos semanas de reuniones, autoridades nacionales, sectores sociales y representantes cívicos lograron avances en la investigación por la comercialización de combustible de mala calidad, un hecho que afectó principalmente a motorizados y al sector del transporte, según informó Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, en entrevista con el programa A Primera Hora de EL DEBER.
Zambrana señaló que uno de los principales resultados fue el reconocimiento oficial de que se distribuyó combustible en mal estado. De acuerdo con el informe técnico presentado por YPFB, el problema se originó en combustibles almacenados desde el año pasado en tanques que no se encontraban completamente llenos ni recibieron el mantenimiento adecuado, lo que generó corrosión y residuos. Al ingresar nuevo combustible y completar el volumen, se habría producido una reacción química que terminó contaminando el producto.
Investigación y “mano negra”
El dirigente cívico indicó que el proceso de distribución del combustible tiene cinco etapas y que en al menos cuatro de ellas participa YPFB. En ese recorrido, afirmó, existen indicios de posibles manipulaciones externas, situación que aún está bajo investigación.
En ese marco, Zambrana reveló que existen 12 funcionarios identificados como presuntamente involucrados en lo que el propio Gobierno denominó una “mano negra”: diez están siendo investigados por la vía administrativa interna y dos ya fueron judicializados ante el Ministerio Público. Añadió que se exigió a YPFB profundizar las investigaciones para determinar si existen más responsables.
Resarcimiento a los afectados
Otro de los avances centrales fue el acuerdo para el resarcimiento económico a los afectados. Según Zambrana, la aseguradora ya cuenta con los elementos técnicos que validan la existencia del daño y estableció tres categorías de compensación: leve, media y grave, cada una con montos diferenciados.
El procedimiento contempla la presentación de carpetas para su evaluación, proceso que demorará aproximadamente 30 días. En una primera fase, el trámite se realiza de manera manual para el transporte gremial y asociativo, mientras que desde este viernes se habilitará un sistema digital para particulares.
“Se ha creado el cimiento para que todo el pueblo boliviano pueda ser resarcido. Es un hecho histórico que el Estado reconozca un error y asuma el pago”, remarcó.
Zambrana también informó sobre la creación de una comisión de denuncias para casos de presunto combustible adulterado. A través de un canal directo os ciudadanos podrán reportar irregularidades, lo que obligará a una inspección expedita de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un plazo máximo de 48 horas.
Según explicó, esta medida busca evitar la burocracia y responder con rapidez ante nuevas denuncias, en un contexto en el que las autoridades reconocen que la falla se produjo dentro de la cadena estatal de control.
Críticas al ministro de Hidrocarburos
El vicepresidente cívico cuestionó duramente la inasistencia del ministro de Hidrocarburos a las reuniones realizadas en Santa Cruz, región que concentra gran parte de los vehículos afectados. Consideró que su ausencia fue “un acto de cobardía” y afirmó que la autoridad debe dar la cara y explicar lo ocurrido ante el país.
Pese a ello, destacó la presencia y participación de ejecutivos de YPFB, de la ANH y de la aseguradora, quienes —dijo— finalmente asumieron responsabilidades y brindaron explicaciones técnicas.
Por último, Zambrana señaló que aún existen dudas sobre la explicación técnica presentada y sostuvo que será clave una auditoría internacional —posiblemente con apoyo de expertos extranjeros— para determinar responsabilidades y establecer con claridad el origen del problema.
EL Deber
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