Dos decenas de empresas del Estado adeudan al Banco Central de Bolivia (BCB) un total de Bs 42.790 millones ($us 6.148 millones), un monto que representa el 14,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Analistas observan que no se conoce la situación real de las estatales y consideran que la mayoría está en una situación que les imposibilitará cumplir con los pagos de los créditos.
El Informe de Política Monetaria de Julio 2022 del ente emisor detalla que a junio de este año el saldo de la deuda por créditos de ENDE, YPFB, YLB, Easba y EBIH, todas empresas públicas nacionales estratégicas (EPNE), asciende a Bs 36.548 millones, mientras que los préstamos otorgados a otras 15 firmas públicas por el BCB a través del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) suman Bs 6.242 millones.
En el segundo grupo se encuentran Ecebol, Lácteosbol, Quipus, Yacana, Promiel, Huanuni, Corani, Vinto, Enatex, Envibol, Emapa, Editorial, Colquiri, BoA y la siderúrgica del Mutún.
La deuda de estas firmas con el BCB es significativa, ya que representan el 14,63% del Producto Interno Bruto (PIB), observó el economista Germán Molina.
Y este es un monto que ha ido en aumento. En los últimos ocho años, el saldo de la deuda de las empresas públicas con el BCB se incrementó un 142%, al pasar de $us 2.540 millones a 6.148 millones.
Además, estas empresas no son ajenas al contexto adverso que vivió Bolivia y el mundo, principalmente en 2020.
El último Informe de Política Monetaria del BCB detalla que hasta junio de este año se difirieron o reprogramaron Bs 2.154 millones en pagos de capital e intereses que debían hacer seis empresas estatales. ENDE difirió el pago de Bs 131,8 millones, mientras que las reprogramaciones las hicieron YPFB (Bs 1.116 millones), YLB (Bs 523,9 millones), Easba (Bs 267,1 millones), otra vez ENDE (Bs 113,1 millones) y EBIH (Bs 2,5 millones).
“La creación de empresas estatales insolventes se ha constituido en un elevado costo de oportunidad, dada las carencias especialmente en infraestructura y servicios que padece el país. Este costo se prolongará en el futuro sobre los ingresos tributarios, cuando haya que pagar los créditos del despilfarro”, sostuvo Henry Oporto desde Fundación Milenio.
Acotó que una tarea difícil e importante será determinar qué hacer con las empresas quebradas o que vayan a quebrar. “Independiente de lo que se haga, no se puede soslayar la responsabilidad de las autoridades que con sus decisiones dieron origen a estos problemas”, subrayó.
A su vez, el economista Roger Banegas, mencionó que el financiamiento para empresas públicas intensivas en capital, como ENDE y YPFB, “es la explicación fundamental de la situación delicada de las reservas internacionales netas (RIN) del país”.
Mercado de capitales
Banegas consideró que estas empresas —como lo hacen otras en el mundo— deberían financiarse en el mercado de capitales, no en las arcas del Estado. Sin embargo, esto no es posible ya que la mayoría de ellas registra pérdidas. “Si omitimos ENDE y YPFB, el resultado global es deficitario” y las deudas públicas tomarán décadas en recuperarse”, indicó.
Un informe de Fundación Milenio sostiene que las empresas estratégicas de Bolivia operan en sectores en los que sus competidores extranjeros deben recurrir a mercados bursátiles o a bancos para financiar sus emprendimientos, obligándose así a ser transparentes, ya que sus proyectos son sometidos a la evaluación económica de sus potenciales financiadores, “lo que no sucede con las empresas estatales”.
“El recurrir al expediente fácil del crédito del Banco Central -guiados por razones políticas- antes que económicas puede conducir al desastre”, concluye.
En su último informe sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que en 2021 las empresas públicas obtuvieron Bs 2.873 millones ($us 412,8 millones) en utilidades netas y que obtuvieron ganancias netas durante todos los años de administración del Movimiento al Socialismo (MAS), con excepción de 2020, cuando registraron pérdidas por Bs 757 millones.
“En la profusa cantidad de empresas públicas existentes, YPFB ha sido capaz de generar excedentes en un contexto de altos precios del gas natural, lo cual ha compensado, en el balance global, las pérdidas operativas de casi todas las demás”, sostuvo el economista Javier Cuevas, en un análisis efectuado para Milenio.
La Memoria de la Economía Boliviana 2021 detalla que “entre las principales empresas públicas” con utilidades destacan YPFB, con Bs 1.196 millones, “asociados a los mayores volúmenes exportados de gas natural”; ENDE, con Bs 1.019 millones; Comibol, con Bs 1.014 millones (35,2%); la metalúrgica Vinto, con Bs 261 millones; y la Empresa Boliviana de la Construcción, con Bs 21 millones.
Las utilidades de estas cinco empresas hacen un total de Bs 3.511 millones, cifra mayor a los Bs 2.873 millones reportados en el informe gubernamental. Este medio solicitó al Ministerio de Economía información sobre esta diferencia de cifras, así como el detalle de utilidades por cada empresa estatal, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Molina sostuvo que la publicación de los estados financieros y contables de estas empresas está demorada y que esa información “es importante para conocer la situación real” de estas inversiones.
Precisó, con base en datos del Presupuesto General del Estado 2022, que las empresas estatales “registran déficit fiscal, particularmente Vinto” y las que son parte del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem): “Papelbol, Cartonbol y demás”.
Banegas, a su vez, dividió a las firmas públicas en tres grupos.
“Hay empresas como Mi Teleférico que tienen un beneficio social, pero que reflejan pérdidas permanentes. Otras, como la Empresa Azucarera San Buenaventura, son económicamente insostenibles o tienen patrimonio negativo, como Yacana”.
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Un último grupo “subsiste porque se obliga” a los aliados políticos del MAS e instituciones afines a comprar sus productos, como es el caso de Quipus, indicó.
“Varias empresas estales están en quiebra o en riesgo de quiebra y su futuro es incierto”, aseveró Henry Oporto, director de Milenio, quien ratificó las conclusiones del informe de la fundación.
En marzo, el Ministerio de Economía aseguró que las empresas públicas generan sus propios recursos económicos, con los que garantizan la devolución de los préstamos obtenidos en el BCB.
En ese contexto, citó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Yacimientos del Litio Bolivianos y la Empresa Azucarera San Buenaventura.
“En el marco del modelo económico social comunitario productivo, las empresas públicas favorecen el potenciamiento productivo del país y la mejora de la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, con la redistribución de los ingresos que generan”, indica el informe ministerial.
El Deber
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