Personal ejecutivo o cualquier empleado de las entidades financieras que revele operaciones sospechosas en los bancos a la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) estarán exentos de cualquier investigación administrativa, civil o penal.
El Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, en el que busca incorporar un parágrafo al artículo 495 de la Ley 393 de Servicios Financieros para que las operaciones irregulares en las entidades financieras sean denunciadas.
“Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la Unidad de Cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza”, refiere el parágrafo V que se prevé incorporar y que está en la disposición final adicional séptima del proyecto de ley.
Señala, también, que “queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS o la información relacionada al mismo, por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”.
Bancos
La Razón consultó al presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (MAS), el objetivo de la incorporación de ese parágrafo a la Ley 393. El asambleista explicó que “el fin es mejorar la regulación en temas de prevención de legitimación de ganancias ilícitas considerando estándares internacionales (Recomendación 21 del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI) que protejan a los Oficiales de Cumplimiento de las Entidades Financieras, responsables de elevar sus informes de operaciones sospechosas”.
De acuerdo con la Recomendación 21 del GAFI, “las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente, e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no.
Dato
También establece el tener prohibido por ley revelar (“tipping-off”) el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) o información relacionada”.
Además, tiene el objetivo de evitar casos como el acontecido con el Banco Fassil en el que se cometieron operaciones irregulares que derivó en la falta de liquidez que llevó a la intervención y a dejar en la calle a más de 5.500 trabajadores de la entidad.
“También ayudará a evitar hechos como el caso del Banco Fassil de tal forma que los propios funcionarios responsables de cumplimiento no sean amedrentados por sus superiores u organizaciones criminales, cuando reporten operaciones sospechosas de los directores o ejecutivos del propio Banco”, respondió Yujra a un cuestionario enviado por La Razón.
El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino Banco Fassil por irregularidades en el retiro de ahorros de sus clientes, situación que derivó en una iliquidez “severa” por malas decisiones de gestión interna de la entidad.
El proceso de investigación contra Banco Fassil gira en torno a seis movimientos inusuales detectados. Seis abonos por encima del límite establecido (overlimit) a una joven de 18 años.
Proceso
La crisis del Banco Fassil, el tercero más importante de Bolivia hasta antes de su intervención, incluye la acusación de delitos financieros, incumplimiento de pagos y obligaciones y prestamos sospechosos. Por este hecho, seis de sus altos ejecutivos fueron enviados a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz en calidad de detenidos preventivos: Ricardo M. O., expresidente ejecutivo; Martín W., exvicepresidente; Jorge Arturo CH.V., exgerente general; Hernán S. V. D, exejecutivo; Hermes Hugo S. C., exejecutivo y Patricia P.S., exgerente general, acusados de delitos financieros.
Para evitar afectaciones a los clientes de Fassil, la Asfi determinó traspasar las cuentas de ahorro y de créditos a otros bancos. Luego de cumplir cinco requisitos, nueve bancos se adjudicaron la cartera de Fassil: Banco Bisa, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Económico, Banco FIE, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario.
Los clientes del intervenido Fassil accedieron a sus depósitos y ahorros a partir del 22 de mayo.
Esas irregularidades en la entidad bancaria ocasionaron que los más de 5.500 trabajadores se queden sin fuente laboral. No obstante, el interventor de Fassil garantizó el pago de sus finiquitos.
La Asfi solicitará información a grupos financieros
En la disposición adicional sexta del proyecto de ley de modificaciones al presupuesto general 2023 se plantea cambiar el artículo 393 de la Ley de Servicios Financieros con el fin de que la Asfi recabe información de los grupos financieros para mejorar el trabajo de supervisión y evitar operaciones ilegales.
El diputado Omar Yujra explicó que esta disposición permitirá mejorar la supervisión de grupos financieros y evitar casos como el problema de la intervención del Banco Fassil.
Además, tiene el fin de que la Asfi cuente con un control más efectivo con los Grupos Financieros, se le otorgue la atribución de suscribir convenios y coordinar tareas de supervisión con otras Autoridades de Fiscalización, Control y Supervisión del Estado. “Este control se lo realizará de manera conjunta con dichas intancias, para verificar las labores que desarrollan los sujetos regulados y permitirá un mejor control conjunto entre la Asfi y las entidades involucradas”.
La Razón
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